la ley tiene como objetivo hacer efectivo el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada, así como para dar respuesta a la demanda ciudadana al generar políticas públicas de vivienda, ampliar el parque público, y evitar, en la medida de las competencias de nuestra autonomía, los desahucios de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.

Esta nueva norma concibe la vivienda como un servicio de interés general y aproxima el derecho de la vivienda a los pilares básicos del Estado de Bienestar, después de la sanidad, la educación o la dependencia.

Se reconoce el derecho subjetivo al acceso a una vivienda asequible, digna y adecuada a aquellas personas que se han visto afectadas por un desahucio o por impago del alquiler y que cumplen los requisitos de la ley.

Además, este derecho será exigible ante la Administración, y dispondrá de las garantías de reclamación previstas en el ordenamiento jurídico.
La nueva norma pretende que las entidades financieras pongan sus viviendas vacías a disposición de las personas, en régimen de alquiler social, y dar cobertura a los particulares para que pongan sus viviendas a disposición de la red de alquiler autonómica, con medidas como una fianza y ayudas a la reforma y rehabilitación.