Madrid, 17 de Octubre de 2005

UGT apuesta por una Ley de Dependencia integral que garantice la protección, los servicios y el bienestar social de las personas 

UGT reitera su apuesta por una Ley de Dependencia que ofrezca una política integral de protección de las personas en situación de dependencia que garantice su bienestar social y económico y así lo está defiendiendo en la mesa de diálogo social sobre esta materia. Para el sindicato, es preciso erigir la atención a la dependencia en un derecho universal y subjetivo que, dentro del ámbito de la Seguridad Social y aunque se ejecute a través de las Administraciones autonómicas y locales, ofrezca más y mejores prestaciones y servicios con carácter universal, homogénea, digna y suficiente en todo el territorio, con la consiguiente generación de empleos.

En España el porcentaje de personas mayores va en aumento y se prevé un incremento mayor en los próximos años, especialmente en los grupos de mayores de ochenta años. Este incremento de la longevidad, que la sociedad en su conjunto debería considerar como aspecto positivo, además de una conquista social en el desarrollo tecnológico y médico, no ha venido acompañado de una mayor protección que garantice una mayor calidad de vida en la vejez, por lo que el alargamiento de la esperanza de vida se ha percibido en los últimos años como un problema. Este envejecimiento demográfico ha venido acompañado del debilitamiento de la red de cuidados informales, que vienen procurando las familias especialmente las mujeres, por lo que no ha existido en nuestro país una política integral de protección a las personas en situación de dependencia, que plantee un conjunto de medidas que garanticen el bienestar social y económico de estas personas.

Es éste un momento crucial en el que se empieza a vislumbrar en nuestro país una política de atención a las personas en situación de dependencia que tras la firma de la Declaración para el Diálogo Social que tuvo lugar en el año 2004 entre el Gobierno y los Agentes Sociales y, el compromiso adquirido entre las partes ha cobrado protagonismo una reivindicación social que ya desde el año 1998, la Unión General de Trabajadores recogió en sus Resoluciones Congresuales demandando una protección específica de las personas dependientes, como derecho subjetivo perfecto. Tras el infructuoso acuerdo del Pacto de Toledo, alcanzado en el año 2001 con el Gobierno del Partido Popular que UGT no suscribió, en el que se pretendía establecer un sistema de protección a la dependencia; en Febrero de 2003, se desarrolló una campaña de Movilización de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, bajo el lema ""Dignidad y Derechos Sociales para los Mayores"", en el que se reivindicaba el tan esperado Sistema de Protección a la Dependencia y el desarrollo de servicios sociales que más allá de un Plan Concertado, dé la cobertura necesaria a tan importantes demandas.

UGT participa de ese amplio consenso entre expertos, instituciones y algunas organizaciones sociales que venimos a proponer la creación de un Sistema Nacional de Cobertura de la Dependencia, a imagen del Sistema Nacional de Salud, cubra con carácter universal a toda la población dependiente. Participamos también del criterio de que ese sistema se regule ""dentro del ámbito de la Seguridad Social"", sin perjuicio de su gestión por las Comunidades Autónomas y, sobre todo, las Corporaciones Locales, y como un derecho exigible, con el fin de garantizar un acceso equitativo a esas prestaciones.

Para ello es totalmente necesario que el planteamiento de estas políticas de intervención se planteen desde un conjunto integral, a través de medidas coordinadas entre las distintas Administraciones que garanticen tanto el bienestar físico como económico de nuestros mayores.

La futura protección de la dependencia va a garantizar una cobertura universal, medida que deberá venir aparejada de un incremento y desarrollo de los servicios sociales, que necesariamente han de ser personalizados y plurales. No sólo se trata de ofertar mayor cantidad de servicios, sino de dotarles de una calidad que, en la mayoría de los casos, es escasa, a la vez que una especialización y formación de los profesionales encargados de atender estas necesidades. Además, la creación de más y mejores servicios, supondría la creación de más puestos de trabajo con el consiguiente beneficio para nuestra economía. Se va a paliar una carencia cuya protección en los próximos años sería insostenible, a la vez que desarrollará una parte fundamental del sistema de protección social produciéndose un efecto multiplicador tanto en lo que respecta a la cobertura de los servicios como a la igualdad de acceso a los mismos.

UGT entiende que la atención a la Dependencia debe considerarse un derecho universal y subjetivo, dentro del ámbito de la Seguridad Social, aunque sus servicios sean ejecutados por la Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos mediante una red que provea cuidados para la vida diaria y la atención sociosanitaria.

El Sistema Nacional de Atención a la Dependencia deberá configurarse como un conjunto de prestaciones y servicios que garanticen a todos los ciudadanos una cobertura universal, homogénea, digna y suficiente en todo el territorio, que más allá de un seguro de cuidados proporcione protección tanto social, como jurídica y económica, garantizada para todo ciudadano, con independencia de la edad y del nivel de rentas con especial protección a las rentas más bajas. Se deben considerar como beneficiarios de las prestaciones tanto a españoles como a extranjeros que residan legalmente en España, partiendo de una definición unitaria del concepto de dependencia, y estableciendo unos criterios de valoración y baremos en función de los grados de dependencia de tal forma que delimite los criterios de entrada al sistema y sea común para toda España.