2 de mayo de 2007
Dicho deterioro debe ser subsanado para el correcto desarrollo de la Ley de Dependencia
La UGT-PV ha denunciado en reiteradas ocasiones el intolerable deterioro de los servicios sociales en la Comunidad Valenciana, sobre todo en lo referente a los centros de atención a la dependencia, una cuestión que, por desgracia, se ha puesto en evidencia con casos con el ocurrido el pasado lunes en Utiel cuando han salido a la luz las tremendas carencias de las residencias privadas, sin olvidar lo ocurrido en las residencias de Masamagrell o Carlet.
Por ello, es cuando menos sorprendente que desde la Conselleria de Bienestar Social se haya declarado que el centro cumplía con todos los requisitos, en cuanto a los planes de evacuación, emergencia y simulacros de incendio, ya que no pueden negar que debió de fallar algo para que se produjera tal lamentable incidente.
Para la UGT-PV no cabe duda que desde la Conselleria no se realiza la oportuna vigilancia que regularmente se debería de dar, en primer lugar porque no cuentan con personal suficiente por realizarlas, mientras que por otra parte, en muchas de esas residencias privadas, como hemos podido comprobar a través de trabajadores y trabajadoras de estos centros, no se cuentan con el ratio de personal suficiente para atender, según el número de personas internas en los centros.
Por eso desde la UGT-PV seguimos demandando a la Conselleria que es imprescindible que la llamada ley de la Dependencia se desarrolle en la Comunidad Valenciana, porque en la Ley de la Dependencia hay aspectos que se tienen que desarrollar, como es el art. 34 en el que se establece que el Consejo Territorial, donde están representadas todas las Comunidades Autónomas, tiene que fijar los criterios comunes sobre acreditación de los centros (residencias, centros de día, etc), estos deben de ser, con criterios de calidad y seguridad en los centros y servicios que se prestan en cada Comunidad y sobre todo y muy importante, la calidad en el empleo que también se establece en la ley que va a servir para promover la profesionalidad y potenciar la formación en atención a la dependencia de todas las personas que trabajen en centros que aspiren a gestionar las prestaciones o servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.