5 de octubre de 2006

UGT se congratula de que el Congreso de los Diputados haya aprobado mayoritariamente el Proyecto de Ley de Autonomía Personal y Protección a las Personas en Situación de Dependencia. Un derecho social demandado por este sindicato desde 1998. Este Proyecto de Ley plasma el Acuerdo alcanzado por el Gobierno y los interlocutores sociales en diciembre de 2005 . Con la aprobación del Parlamento, se encarrila así una Ley que tiene que seguir su marcha en el Senado y cuyo destino final debe ser su plena aplicación entre 2007 y 2015.

La norma garantiza un derecho universal, equitativo y accesible para todos los ciudadanos y se establecen criterios de financiación estables y suficientes a largo plazo.

La Ley de Dependencia ya está más cerca. El pleno del Congreso la ha aprobado hoy mayoritariamente. Esta Ley viene a desarrollar parte de lo que conocemos como cuarto pilar del Estado de Bienestar Social.

El texto que sale del Parlamento recoge las principales cuestiones defendidas por UGT y los principios acordados en el Acuerdo Nacional de Dependencia firmado por el Gobierno y los interlocutores sociales en diciembre de 2005. La Ley mantiene tal y como firmamos en el Acuerdo la composición del Comité Consultivo del Sistema pese a que había sido enmendado por todos los grupos parlamentarios. En él participarán la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y las organizaciones empresariales y sindicales. Este organismo consultivo permitirá informar y asesorar la puesta en práctica de este nuevo derecho social.

Tal y como estaba dispuesta en el proyecto de ley, el Gobierno deberá informar a las Cortes anualmente de la ejecución de lo dispuesto en la Ley. Este informe deberá incorporar la memoria del Consejo Territorial y el dictamen de los Órganos Consultivos.

En el texto que sale del Congreso, se reconoce la competencia exclusiva del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (se cambia el nombre al Sistema Nacional), con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y con pleno respeto de sus competencias.

Se da carácter prioritario a los servicios del Catálogo de prestaciones, que se realizarán a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas. Se mantiene la excepcionalidad de recibir una prestación económica por parte del beneficiario para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención. La prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado y nivel de dependencia y, a igual grado y nivel, por la capacidad económica del solicitante. Además, hasta que la red de servicios esté totalmente implantada, las personas en situación de dependencia que no puedan acceder a los servicios señalados tendrán derecho a la prestación económica.

La financiación pública, que corre a cuenta de la Administración General del Estado se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los Convenios que se suscriban entre la Administración General del Estado y cada una de las Administraciones de las Comunidades Autónomas determinarán las obligaciones asumidas por cada una de las partes para la financiación de los servicios y prestaciones del Sistema. Estos Convenios, podrán ser anuales yo plurianuales, recogerán criterios de reparto teniendo en cuenta la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad, los emigrantes retornados, etc. y podrán ser revisados por las partes.

Pasada ahora la reválida del Congreso de los Diputados, esta trascendental Ley, que continuará su camino por el Senado, da sus últimos pasos. El objetivo es que inicie su andadura en 2007 y esté plenamente implantada en 2015. Ha pasado mucho tiempo, y UGT se congratula de que por fin sea una realidad la propuesta que aprobó en marzo de 1998, en su 37º Congreso Confederal, a favor de una protección específica de las personas dependientes.