Es necesario agilizar los procedimientos y tramitar cuanto antes los expedientes

Los datos relativos al Ingreso Mínimo Vital (IMV) publicados el pasado día 18 de marzo por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan una situación desalentadora por la no llegada de la prestación al conjunto de la población más necesitada.

Según la tabla extraída de los datos de dicho Ministerio, en la Comunitat Valenciana solamente hay 27.640 prestaciones de IMV reconocidas que afectarían a 74.454 personas, y de las cuales 31.578 son menores. Además, la cuantía media por hogar que la Seguridad Social está pagando son 459,58€.

Esos mismos datos ofrecen un perfil tipo de la persona beneficiaria del IMV: mujer (más del 70% de los titulares son mujeres), con una edad entre 36 y 45 años, y con menores a su cargo (más del 70% de las unidades de convivencia tienen menores a su cargo).

En cuanto a los datos sobre los expedientes, existe un alto número  de expedientes denegados frente a los expedientes aprobados; solamente se aprueban alrededor del 18,86% del total de expedientes válidos, siendo denegados alrededor del 53% de solicitudes que se presentan en nuestro territorio.

Estos datos del IMV en nuestro territorio confirman lo que desde UGT PV se viene denunciando sobre esta nueva prestación, y es que desde su puesta en marcha no hace ni un año ya ha sufrido varias modificaciones, además de que no está llegando al conjunto de la población más necesitada. Es necesario agilizar los procedimientos y tramitar cuanto antes los expedientes para dar respuesta a todas aquellas personas que están padeciendo mayores necesidades debido a la crisis sanitaria y económica.

Desde el sindicato se ha venido detectando una serie de casos que son motivo de denegación, donde el denominador común es el haber tenido ingresos en el año anterior o cuestiones como el empadronamiento. Hay que revisar necesariamente estos procedimientos, pues es evidente que el diseño de la norma no se adapta a la finalidad, que no es otra que garantizar un ingreso mínimo que permita la subsistencia a las personas beneficiarias, algo que no se está cumpliendo en todos los casos. Se hace necesario, además, un incremento de las plantillas de personal del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Asimismo, UGT-PV reclama que la liberación de recursos económicos de la Renta Valenciana de Inclusión por la implantación del IMV se dirija hacia aquellos colectivos que quedan fuera del IMV.