La primera mesa ha tratado de las Empresas Multiservicios y los Centros Especiales de Empleo, la cual ha contado con la participación de Amparo Esteve Segarra, Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia; Guillermo Forment Artero, Secretario de Política Sindical de la FICA; Vicente Martínez Trenco, Secretario de Política Sindical de la FESMC UGT PV; y Maite Montaner Soria, Secretaria de política sindical de FeSP UGT PV. La mesa ha estado moderada por Lola Navarro Gimeno. Secretaria General de FESMC UGT PV.

En sus intervenciones los ponentes han destacado el hecho de las múltiples maneras desde las que las empresas multi-servicios vulneran los derechos de los trabajadores.  En su intervención, la ponente principal, Amparo Esteve Segarra, las ha comparado con los “todo a cien” en el mundo laboral porque abarcan cada vez más sectores y rebajan los derechos de los trabajadores.
Esteve ha destacado que pueden llegar a ser un “chollo” para el empresario, ya que este solo se tiene que pagar a estas empresas, y externalizar, sin necesidad de contar con personal propio, cada vez más actividades con lo que esto implica, ya que los trabajadores quedan fuera de la plantilla de la empresa que utiliza sus propios servicios, quedan fuera del convenio de la misma y del convenios del sector, y pasan a depender de una compañía multi-servicio, la cual no aplica los convenios colectivos del sector, y  somete a los trabajadores a los que contrata a condiciones perores de las establecidas en los convenios colectivos sectoriales. Y es que las multi-servicisos argumentan que no pueden aferrarse a ningún convenio de sector concreto, porque como multi-servicios sus actividades no son susceptibles de incluirse en el ámbito de aplicación de un convenio colectivo concreto de sector. En este caso Esteve ha dicho que las empresas se blindan haciéndose convenios a medida que está siempre por debajo de los sectoriales. Esteve añadió también que estas empresas funcionan como “elementos cancerígenos”, ya que se van extendiendo por diversos sectores y van precarizando las condiciones de trabajo.

Esteve apuntó además posibles vías de denuncia frente a las mismas. Una de ellas, ha dicho, es la cesión ilegal de trabajadores, aunque en opinión de Esteve no es el mejor instrumento de lucha. Otra vía, la cual considera más efectiva, es la lucha sindical frente a la precarización, vía anulación de los convenios de empresas multi-servicio que vulneran los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y citó como ejemplo el de alguna empresa multi-servicios que contrataba a camareras de piso fuera del convenio sectorial, las cuales eran grandes perjudicadas, pero que tras las pertinentes denuncias de los sindicatos en los tribunales han visto reconocidos sus derechos.

El resto de ponentes destacaron el nivel de precariedad de los trabajadores de las empresas multi-servicios. Vicente Martínez Trenco, Secretario de Política Sindical de la FESMC-UGT PV, ha hecho referencia a la necesidad de aplicar a cada actividad desarrollada por los trabajadores el convenio sectorial de referencia y para ello ha subrayado que es necesario derogar la reforma laboral, aunque ha dicho, que hasta que ello suceda, hay que seguir luchando con todas las herramientas sindicales, y esto solo se hace, ha puntualizado, desde la negociación colectiva.  Guillermo Forment, Secretario de Política Sindical de la FICA UGT PV, denunció la actitud de las empresas multi-servicios en sus obligaciones de información  y participación a la hora de facilitar datos a los sindicatos sobre las condiciones de sus trabajadores, dificultando en exceso la labor de los sindicatos y llegando incluso al ocultismo. En ese sentido Forment señaló que la administración debe tomar cartas en el asunto.

Por su parte Maite Montaner, Secretaria de política sindical de FeSP UGT PV, habló de la situación de los trabajadores de los Centros Espaciales de Empleo, que abarcan cada vez más sectores y que existen para favorecer la inserción de personas con discapacidad. Ahora bien, Montaner señaló que la realidad es que estos centros se están utilizando más que para insertar a trabajadores en el mundo laboral, para obtener beneficios a costa de los mismos, haciéndoles trabajar como trabajadores con plena capacidad sin tener es cuenta su situación específica. 

Además Montaner ha señalado que estos centros de empleo están sufragados en gran medida por la administración y tienen bonificaciones del 100% de cuotas a la seguridad social, además de otra serie de beneficios que implican casi ninguna inversión empresarial. Montaner ha denunciado que estas empresas trabajan con mucha opacidad, y que las personas trabajadoras con discapacidades que prestan servicios en en las mismas denuncian vejaciones, explotación y abuso, y la no aplicación del convenio colectivo específico o el sectorial, sin tener en cuenta que estas personas deben trabajar de acuerdo a sus propias capacidades. En esa línea ha apuntado que la inspección de trabajo debe intervenir haciendo cumplir las normas y en especial la Ley de Prevención. Y ha dicho que en estos casos los sindicatos tienen capacidad limitada de intervención dada la opacidad de estos centros.