Conclusiones de las Jornadas sobre Movilidad Sostenible y Seguridad Vial en la Empresa de UGT-PV

El actual sistema de movilidad, basado preferentemente en el transporte de personas en vehículo privado, genera una problemática que hemos enfocado desde la perspectiva sindical en el marco de nuestra 10ª Semana del Medio Ambiente. 

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Junto con las consecuencias ambientales y de salud pública asociadas a la contaminación atmosférica y al cambio climático, con este modelo los trabajadores y trabajadoras sufrimos una serie de desventajas añadidas al usar el vehículo privado para ir a los centros de trabajo, que nos deberían hacernos replantear hacer un uso más racional. Por ello es fundamental sensibilizar a nuestros representantes de manera que se configuren como auténticos agentes de cambio. 

Una de las principales consecuencias es la siniestralidad relacionada con los accidentes laborales in itinere (producidos al ir y volver al trabajo), que sigue aumentando cada año: el 40% de los accidentes mortales de trabajo son de tráfico, de los cuales el 69% corresponden a desplazamientos no profesionales. Así mismo, el tiempo que tardamos en ir al trabajo no es considerado como jornada laboral, con lo que lo restamos de nuestro tiempo libre, y la búsqueda de aparcamiento, retenciones, etc, condiciona la aparición de ansiedad y estrés y sus consecuencias para la salud, junto con el aumento de una conducción temeraria que propicia los accidentes. Otro efecto son los problemas asociados al sedentarismo. A todo esto debemos sumar el gasto económico que supone el combustible y los derivados del mantenimiento del vehículo, seguros...

No hace más de 30 años, los servicios de transporte para los trabajadores ofertados por las propias empresas eran un hecho normal. Pero poco a poco, con la aparición del coche en nuestras vidas cotidianas, se han abandonado paulatinamente tanto por parte de las empresas como de los usuarios. Poder acceder en condiciones de seguridad y sostenibilidad ambiental al trabajo no sólo tiene que ser un derecho de las trabajadoras y trabajadores, sino que es también una mejora que redunda de forma muy positiva en su rendimiento (mayor puntualidad, menos bajas…) y, como consecuencia, en el resultado económico de las empresas.

En las jornadas, celebradas en tres comarcas del Pais Valenciano, hemos analizado la problemática contado con la participación de expertos en la materia así como representantes de administraciones públicas y las organizaciones empresariales, comprobando que es una problemática de origen multifactorial.
Desde la perspectiva de la ordenación territorial del transporte, el modelo actual de movilidad responde a una serie de situaciones que han confluido en los últimos años en nuestro territorio: la construcción de grandes redes viarias regionales, la dispersión de las empresas y fragmentación de procesos productivos, la salida de las industrias tradicionales de las ciudades, la generalización de la propiedad y el uso del automóvil, la dispersión de las viviendas y el deterioro progresivo de la gestión del transporte público. El vehículo privado aparece como la mejor opción –si no la única- para nuestros desplazamientos diarios.

La legislación Valenciana de Movilidad Sostenible contempla la figura de los planes de movilidad como los instrumentos que concretan los objetivos para alcanzar el paulatino progreso hacia patrones más equilibrados de movilidad, con participación creciente de los modos no motorizados y del transporte público, sirviendo por lo tanto de marco de referencia a la planificación concreta en materia de servicios públicos de transporte, de infraestructuras y del resto de acciones en relación con la ordenación del territorio.

En concreto, la ley define los planes municipales de movilidad, obligatorios para los municipios de más de 20.000 habitantes, los planes supramunicipales de movilidad, de ámbito comarcal o metropolitano y los planes comarcales y metropolitanos, que deberán ser formulados por el órgano competente en materia de movilidad de la Generalitat, de manera concertada con los municipios incluidos en su ámbito. Hoy por hoy, a un año de vencer el plazo de cumplir este requisito impuesto por la ley, siguen teniendo una escasa implantación en la Comunitat.

También tienen obligación de realizar un plan de movilidad los titulares de nuevas áreas o instalaciones destinadas a la actividad productiva en donde se prevean más de 100 puestos de trabajo, además de las áreas terciarias, deportivas, comerciales, hoteleras o de ocio que de forma unitaria o conjunta superen los 10.000 metros cuadrados, siempre que se prevea su implantación alejada del núcleo de población. Sin embargo, las instalaciones ya existentes no tienen obligación de elaborar el plan, aunque pueden hacerlo voluntariamente.

Desde el ámbito del derecho laboral, hoy por hoy son muy limitadas las posibilidades de impulsar la movilidad sostenible en la empresa. La regulación del contrato de trabajo presupone que sólo se puede considerar tiempo efectivo de trabajo a partir del momento en el que nos encontramos en nuestro puesto, con lo que la problemática sólo se puede abordar de “la verja de la fábrica hacia adentro”. La ley de prevención de riesgos considera como objeto de la actividad preventiva sólo los daños que son derivados del trabajo, a pesar de que los accidentes in itinere son considerados por la ley General de la Seguridad Social como accidentes laborales a efecto de las prestaciones. Por lo tanto, no se puede exigir a las empresas una responsabilidad directa sobre este tipo de accidentes, pero lo que no cabe duda es que tienen un problema sobre la mesa: los costes derivados de las jornadas perdidas por los accidentes con baja, cuyo índice de incidencia aumenta cada año en torno a un 7% en nuestra Comunitat.

Es por eso que en 2011 el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley sobre prevención laboral y seguridad vial en la que se insta a realizar las modificaciones pertinentes en el Ley de Prevención de Riesgos Laborales para incluir tanto la evaluación como la prevención en su ámbito de protección para los accidentes de tráfico que se producen como consecuencia de la actividad laboral: in itinere y en misión. De momento no se ha avanzado en este compromiso.

Por lo tanto, aunque la obligación por parte de la empresa no está clara, la motivación sí, por lo que se debería incluir los accidentes in itinere en la evaluación de riesgos de las empresas, avanzar en la investigación de los accidentes, así como incorporar las medidas necesarias para reducir la siniestralidad. Por su parte, el RD 404/2010 contempla un incentivo de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral (BONUS), para el que, además del cumplimiento de los requisitos preventivos básicos, la empresa deberá acreditar la realización de planes de movilidad vial en la empresa. Otro campo de actuación en las empresas es la responsabilidad social corporativa, así como los instrumentos de gestión medioambiental voluntarios.

Al margen de la realización de Planes de movilidad o seguridad Vial, existe un interesante campo de actuación en la negociación colectiva a la hora de impulsar cláusulas ambientales que recojan los aspectos de movilidad sostenible. Ya hay incipientes experiencias en este campo que permiten facilitar la aplicación de medidas al respecto, generalmente mediante los Comités de Seguridad y Salud o a través de acuerdos puntuales, que son más apropiados a nivel empresarial o de polígono industrial.

Los objetivos de las medidas estarán encaminados a eliminar desplazamientos innecesarios (básicamente mediante políticas de organización del tiempo de trabajo), el acortamiento de los desplazamientos existentes (acordando políticas de movilidad geográfica débil) y el fomento de los modos de desplazamiento sostenibles (rutas de empresa y lanzaderas, políticas disuasorias de aparcamiento, promoción del coche compartido, fomento de las rutas peatonales y ciclistas, flexibilidad horaria, flexibilidad retributiva con las tarjetas de transporte público…).

La mejor fórmula es que los trabajadores y las direcciones de las diferentes empresas ubicadas en el espacio productivo o el polígono industrial participen desde el principio en la elaboración, desarrollo e implantación de las medidas. Para ello, se debería nombrar un Gestor de Movilidad, que convocará a directivos y trabajadores a través de los comités de empresa y los sindicatos. Es una figura imprescindible para poner en funcionamiento un Plan de Movilidad.

Por último, desde las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben incrementarse los esfuerzos para fomentar el cambio modal en la movilidad de los trabajadores mediante la mejora del transporte público urbano e interurbano, en especial en aquellos trayectos con destino a los grandes centros de producción, como los polígonos industriales. Las necesidades que se han detectado a lo largo de las jornadas en este sentido son:

• Una autoridad única para el transporte en las Áreas Metropolitanas
• Una integración completa de todas las redes de transporte colectivo, incluyendo la unificación de los bonos, contemplando tarifas bajas para la movilidad obligada
• Minibuses eléctricos y lanzaderas que conecten los barrios y polígonos de actividad con las estaciones de metro y paradas bus, así como la adecuación de frecuencias y horarios. Fomento de la intermodalidad, especialmente con los medios no motorizados.


En caso de que las empresas o polígonos que fomenten el transporte colectivo, éstas deberían obtener un tratamiento fiscal favorable en los gastos que les comporte. Por otra parte, no hay que olvidar el papel ejemplarizante que tiene la administración de favorecer este tipo de acciones en sus instalaciones y centros de trabajo.


Como conclusión final, resulta indispensable la implicación de las Administraciones Públicas junto a los empresarios y los trabajadores para impulsar la movilidad sostenible a los centros de trabajo. Como muestra de la intención desde el ámbito sindical y empresarial en este sentido, hemos impulsado desde UGT-PV y la Cierval una plataforma de diálogo y creación de propuestas y acuerdos denominada “Foro por la movilidad sostenible a los centros de trabajo”, a la que invitamos a participar al resto de actores y que presentaremos oficialmente antes de verano.
 

 

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