Movilidad sostenible y seguridad vial laboral. Marisa Baena

En las últimas décadas la planificación del territorio y la gestión de la movilidad en la Comunidad Valenciana han llevado caminos diferentes, lo que ha provocado un abuso del vehículo privado en detrimento de otros medios de transportes alternativos. Los datos oficiales de los últimos años muestran los accidentes de tráfico como una de las principales causas de siniestralidad laboral en nuestro país. Según identifica el lema de la campaña de la DGT de 2011, “uno de cada tres muertos en accidente laboral se produce en accidente de tráfico al ir o volver del trabajo”. En 2012, en España se contabilizaron 52.411 bajas laborales por accidentes de tráfico, el 11% del total de todas las bajas laborales de ese año.

En ese sentido, la utilización masiva del vehículo privado para acudir al trabajo acarrea perjuicios tanto para la salud de los trabajadores y trabajadoras, como para las empresas incrementando los costes derivados de las bajas laborales (en 2012 conllevaron un coste de 148.490.822 euros, 2.833 euros por accidentado).

Por otra parte, y no menos importante, está el coste ambiental. El sector del transporte es el mayor responsable de la contaminación de CO2, entre otros, que se aporta a la atmósfera, así como de la contaminación acústica.

Por todo ello, desde la UGT-PV entendemos que se deben incorporar políticas preventivas en materia de accidentes, "in-itínere” y “en misión” dentro del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales de las empresas, ya que también los accidentes laborales asociados al tráfico se pueden y se deben prevenir, y todo ello, incardinarlo dentro de los planes de movilidad de las administraciones locales afectadas y las instalaciones productivas, siendo todo ello coordinando desde la Administración autonómica.

En ese sentido, la UGT-PV ha presentado alegaciones al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Valencia con el objetivo de que se modifique el actual sistema de movilidad, se ponga en marcha, asegurando así el derecho del acceso seguro y sostenible a los puestos de trabajo.

Para la UGT-PV, el Plan de Movilidad de la ciudad de Valencia debería coordinarse en un plan supramunicipal, que fomente la corresponsabilidad de las Administraciones Públicas implicadas y las empresas, haciendo especial hincapié a los accesos a los polígonos industriales y áreas comerciales.

La Ley de Movilidad Sostenible de la Comunidad Valenciana, ya establece que se debería de incentivar la creación de planes de movilidad en instalaciones productivas, de más de 400 trabajadores, y que tiene como primer paso la realización de un diagnóstico de la situación, y la búsqueda de alternativas viables para mejorar la situación de partida, cuestión que choca frontalmente con la retirada de las ayudas que desde la Generalitat se daba a este tipo de planes.

Por su parte, la norma ISO 39011: 2013 Sistemas de gestión de la seguridad vial. Requisitos y recomendaciones de buenas prácticas, establece pautas de actuación que facilitan la implantación de estos planes en las empresas e instalaciones productivas.

Desde la UGT-PV instamos a las Administraciónes locales y la Administración autonómica para que fomenten el transporte público, mediante la búsqueda de nuevas soluciones orientadas a reducir el déficit tarifario y lograr un servicio público sostenible. Es prioritario abordar cuestiones tales como la intermodalidad, el fomento de los aparcamientos disuasorios en la periferia que den preferencia al transporte público, el incremento de la frecuencia de paso y la reducción tarifaria con un título único.

Hasta la fecha el Gobierno del Partido Popular ha afrontado la política de movilidad de una manera descoordinada y sin esta visión
suprametropolitana necesaria para dar un servicio suficiente y de calidad que contribuya a la cohesión social, la accesibilidad, la seguridad para el conjunto de trabajadores y trabajadoras, para la ciudadanía en general y para la mejora del medio ambiente.

Es imprescindible pues, un cambio de rumbo que pase necesariamente por la constitución de los foros de movilidad previstos en la ley a distintos niveles, que integre a administraciones, organizaciones empresariales y sindicales así como otros actores relevantes ya que puede configurarse como un herramienta eficaz para ir configurando un entorno que aúne desarrollo y seguridad, con calidad de vida.

Marisa Baena Martínez es secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la UGT-PV.

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