Mañana, Día Mundial del Agua, es momento de denunciar las distintas problemáticas que afectan a este vital elemento.
Ayer mismo la Comisión Europea reconocía la importancia del derecho humano al agua y al saneamiento y destacó su carácter de bien público, pero no se comprometió en ninguna propuesta de legislación para hacer efectivo este derecho, en respuesta a la Iniciativa Ciudadana Europea que se presentó recientemente. Esta Iniciativa exigía que las instituciones comunitarias y los Estados miembros velaran por que todos los ciudadanos puedan ejercer este derecho y que el abastecimiento y la gestión de recursos hídricos no se rijan por las normas del mercado interior y se excluyan del ámbito de la liberalización.

La Comisión frustra así las expectativas de los 1,9 millones de firmantes de 28 países que han apoyado esta iniciativa. En España, tanto UGT como CCOO desarrollamos una amplia campaña para conseguir apoyos participando en concentraciones, debates y asambleas, gracias a las cuales alcanzamos las 50.000 firmas que nos habíamos comprometido a conseguir. Aunque se han aprobado tres directivas relacionadas con la contratación pública con la exclusión temporal del agua de los servicios de liberalización, desde el sindicato recordamos que las presiones por parte de las empresas y ayuntamientos son muy intensas y van a seguir intentando liberalizar este servicio esencial para la vida. De hecho la Comisión no se ha comprometido explícitamente a excluir estos servicios de las negociaciones comerciales.

En España, el 50% del abastecimiento continúa en manos privadas, mientras que en Europa ese porcentaje se reduce al 30%. El abastecimiento y el saneamiento se producen normalmente en régimen de monopolio,  de forma que dos grupos empresariales se reparten el 80% del sector del agua privatizada. Uno de los motores fundamentales de esta privatización y que consideramos necesario denunciar es la búsqueda de ingresos inmediatos por parte de las administraciones locales, lo que ha producido en muchos casos subidas desproporcionadas en el precio del agua, falta de transparencia y pérdida del control efectivo del servicio por parte de las autoridades municipales.

En la actualidad, la grave crisis económica está propiciando una aceleración de este proceso de privatización que está generando una fuerte oposición social alrededor de plataformas, como es el caso de la Red Valenciana por el Agua Pública, que agrupan asociaciones de vecinos, sindicatos (estamos UGT-PV), entidades ecologistas, etc., con el objetivo de intercambiar experiencias y colaborar en las estrategias de lucha. La defensa de la gestión pública del agua es una exigencia democrática para garantizar a la ciudadanía el derecho humano a unos servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de calidad.

Pero no acaban ahí nuestros problemas derivados de una gestión no solidaria del agua. En nuestras comarcas de la Ribera estamos asistiendo a una política hídrica que decide a espaldas de la ciudadanía y que consigue no tener a día de hoy garantizado el derecho de la población a agua de calidad para poder beber. La situación es límite y el nuevo Plan de Cuenca del Júcar, que está a punto de aprobarse, no garantiza el control efectivo de la contaminación de los acuíferos por nitratos y pesticidas de origen agrario, ni el estricto cumplimiento de la directiva marco ni la dotación de una concesión de agua del río para el abastecimiento a la Ribera.

Esta cuestión ha sido la principal causa que ha justificado el voto de los sindicatos en contra de la actual redacción del Plan de Cuenca. La modificación de última hora –conocida durante la reunión del Consejo de Demarcación del Júcar del 14 de marzo- en la que se materializa la negativa a la asignación de agua superficial para los abastecimientos de varios municipios de la Ribera del Júcar, afectados por la contaminación por nitratos y pesticidas de sus fuentes de abastecimiento subterráneas tradicionales, es absolutamente inaceptable. Serán los usuarios perjudicados por este deterioro los que tendrán que pagar a las comunidades de regantes por acceder a recursos hídricos con calidad adecuada, a través de una permuta.

Por ello los sindicatos nos posicionamos en contra del actual proceso de planificación hidrológica del Júcar, que sigue estando muy lejos de asumir una realidad configurada por recursos de agua cada vez más escasos y deteriorados y sin atender los usos esenciales de una forma solidaria.