Por una participación democrática en medio ambiente. Miguel Llanes y Joan Martínez

1 de septiembre de 2008

Por una participación democrática en medio ambiente. Miguel Llanes y Joan Martínez En los últimos años hemos asistido en el conjunto de la Unión Europea a un proceso de profunda democratización de los derechos a la justicia, de información y participación de la ciudadanía europea en materia de medio ambiente y eso afecta de lleno la razón de ser, la composición y el funcionamiento del Consejo Asesor y de Participación en Medio Ambiente (CAPMA).

Este proceso ha dado lugar a un ordenamiento jurídico en el marco europeo y español de gran calado, poniendo en manos de los agentes sociales y de la propia sociedad potentes instrumentos de control y propositivos de los planes, programas y estrategias que los gobiernos puedan plantearse en materia ambiental.

El gobierno valenciano y los responsables de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, parecen no haber entendido este claro mandato legislativo, y, haciendo una interpretación reduccionista de este derecho, pretenden que las cosas sean poco más o menos como hasta ahora. Ellos conducen los procesos y a nosotros, los sindicatos mayoritarios, no nos quieren reconocer capacidad decisoria.

No podemos tolerar por más tiempo que al amparo de una supuesta-impuesta “legalidad” se sobredimensione la presencia de las instituciones gubernamentales en el ámbito del CAPMA deformando su sentido, que se haya instalado la arbitrariedad y lo hayan convertido en una especie de miniparlamento donde las mayorías y minorías están por ellos prefijadas significando en realidad un trágala, en detrimento de los derechos de las organizaciones sociales que vemos secuestrada nuestra voluntad de participar en democracia, con calidad y cantidad.

Todos aquellos que fueron unilateralmente expulsados por la administración ambiental valenciana, universidades, ecologistas, asociaciones ciudadanas y vecinales deben regresar al CAPMA y lo deben hacer en un marco de participación proactiva, para garantizar que la democracia ambiental pueda abrirse paso, porque es a nosotros, la sociedad, a quienes afectan en nuestra calidad de vida y en nuestra salud las decisiones de los gobiernos y la situación del medio ambiente en nuestro país; y es a nosotros en primer lugar a quienes va dirigida la participación, los sujetos de ella y a los que la administración debe escuchar con nitidez.

El derecho a la información medioambiental significa acceder a la información pública con facilidad, que esté disponible y asequible siempre, que sea de calidad y que no haya más trámite ni demora que el acceso inmediato utilizando las mejores tecnologías informáticas hoy al alcance.

Significa también el derecho a ser asistido y asesorado de manera independiente a cargo de la administración, si fuera necesario, para que la ciudadanía tenga posibilidades de enfrentarse, si llega el caso, a las poderosas maquinarias de las administraciones públicas muy a menudo mediatizadas por intereses muy alejados de los públicos.

El derecho a la participación medioambiental incluye, y así debe ser también en nuestro ámbito autonómico, la participación efectiva y real, desde su inicio, en los procesos de elaboración, modificación y revisión de planes, programas, estrategias y todas las cuestiones que estén relacionadas con el medio ambiente, con procesos de participación transparentes, proactivos y coparticipados en la toma de decisiones. Esto es, ni más ni menos, aquello que reiteradamente se niega, lo que en justicia queremos, lo que en democracia nos pertenece y a lo que de ninguna manera vamos a renunciar.

Firmado: Miguel LLanes Gamón, secretario de Empleo y Formación Profesional de la UGT PV y Joan Martínez Pérez, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO PV.

 

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