1 de julio de 2008

Los ciudadanos españoles tendremos que asumir hasta el 2020 la reducción del déficit tarifario eléctrico, diferencia entre lo que cobran las compañías y lo que pagamos los consumidores, y que asciende a 14.000 millones de euros. Éste es un objetivo prioritario para poder construir un modelo energético sostenible que nos permita trabajar en un marco competitivo en Europa, que genere desarrollo industrial y cree empleo. Por este motivo, UGT reclama del Gobierno la apertura de un debate social para consensuar este modelo energético, y analizar la incidencia que tiene en el tejido industrial la política de liberalización de tarifas eléctricas que exige la Unión Europea para adoptar medidas correctoras que impidan los altos precios de la energía.

UGT considera prioritario suprimir el déficit tarifario eléctrico, que es la diferencia entre lo que cobran las compañías por la electricidad y lo que en realidad le cuesta al consumidor y que asume el Estado, para construir un modelo energético sostenible, generador de unos costes razonables, que permitan a nuestro país operar en un marco competitivo, capaz de generar desarrollo industrial y crear empleo.

Este déficit tarifario asciende, según la Comisión Nacional de la Energía (CNE), a 14.000 millones de euros, cantidad que España debe reducir de forma progresiva y que tienen que asumir los consumidores hasta el año 2020. Este es el contexto en el que se enmarca el incremento de las tarifas eléctricas que ha entrado hoy en vigor y que suponen un aumento medio del 5,6%, que se suma al 3,3% de media, que ya se repercutió en los consumidores a principios de año.

Por otra parte, la formación de precios de nuestro sistema eléctrico funciona a través de un mercado mayorista, con un mecanismo marginal que provoca que primero se cubran las necesidades energéticas con las energías más baratas, hidráulica y nuclear, y en la medida en la que aumenta la demanda se recurre a las más caras, el carbón y el gas natural. Sin embargo, y pese al diferente coste, todas cobran el precio máximo estipulado del mercado.

Para UGT es conveniente adoptar una política energética que apueste por las inversiones tecnológicas en I+D+i, que favorezcan el cambio de nuestro modelo productivo a través de inversiones públicas y privadas e integrar en este sistema a los sectores más desfavorecidos de la sociedad garantizándoles el acceso al empleo a través de un marco justo de oportunidades que reduzca las desigualdades sociales.

UGT sigue reclamando del Ejecutivo que abra un debate social que permita diseñar y consensuar un modelo energético de país sostenible en términos de aprovechamiento de los recursos propios, de garantía de suministro, con competitividad económica y medioambientalmente respetuoso con nuestro entorno, y con la implicación del resto de las Administraciones.

El sindicato exige la revisión de la incidencia que tiene en nuestro tejido industrial la política de liberalización de tarifas eléctricas, frente a las políticas menos liberalizadoras de otros países, adoptando medidas correctoras que impidan que los altos precios de la energía determinen la huida de la inversión a otros países con las consiguientes consecuencias de perdida de empleo. Es necesario construir un nuevo escenario energético con perspectivas de futuro óptimas para todos.