La legislación urbanística de la Comunitat debería recoger reserva del 50% para vivienda protegida
23 de julio de 2007
Asimismo es necesario mantener reservas de suelo destinado a actividades económicas
Tras la entrada en vigor el 1 de julio de la Ley del Suelo, la UGT-PV reclama que, en el menor plazo de tiempo, la legislación urbanística de la Comunitat Valenciana recoja, al menos, una reserva del 50% para vivienda protegida superando lo que señala dicha ley, ya que la Comunitat Valenciana acumula una carencia de vivienda protegida debido a la falta de compromiso social por parte del Gobierno Valenciano. De esta forma se daría respuesta al problema de la accesibilidad de la vivienda en la Comunitat Valenciana con una visión de la vivienda como derecho social.
Para la UGT-PV, una transposición adecuada de la nueva Ley del Suelo permitirá que el suelo se valore por su situación real y no por sus expectativas, poniendo fin a la estrategia del todo urbanizable que existía hasta ahora, además de impulsar las reservas de suelo destinado a actividades económicas esenciales, elemento indispensable para garantizar el empleo de calidad y el crecimiento económico sostenible en la Comunitat Valenciana.
En este sentido, desde el punto de vista de la organización productiva, para la UGT-PV la actual situación de escasez de suelo para actividades económicas se debe corregir de forma prioritaria, impulsando y manteniendo reservas de suelo destinado a este tipo de actividades, como elemento indispensable para garantizar el empleo de calidad y el crecimiento económico sostenible. Del mismo modo que no se pueden construir nuevas viviendas protegidas si no se dispone de suelo en condiciones de coste, no es posible fomentar la creación de nuevas empresas, tanto industriales, como de servicios si no existe suelo calificado para el desarrollo de tales actividades.
Por último, es importante que la transposición de la Ley del Suelo desvincule de forma clara la clasificación de la valoración del suelo, y apueste decididamente por la transparencia, la participación ciudadana y los controles sobre el urbanismo, como herramientas indispensables de garantía y coherencia de las actuaciones previstas y de los objetivos a alcanzar que son, básicamente, garantizar un suelo para vivir y trabajar y no para especular.