La nueva Ley del Suelo permitirá acabar con el ""todo urbanizable""

10 de mayo de 2007

UGT valora la reserva de suelo destinado a actividades económicas, indispensable para garantizar el empleo de calidad

La nueva Ley del Suelo permitirá acabar con el UGT valora que la Ley del Suelo, aprobada hoy por el Congreso de los Diputados, va a permitir que el suelo se valore por su situación real y no por sus expectativas. De esta forma se pretende acabar con la estrategia del todo urbanizable que propiciaba la normativa anterior. Por primera vez, se fija una reserva mínima del 30% del nuevo suelo residencial para vivienda protegida, en línea con las propuestas presentadas por el sindicato e impulsa las reservas de suelo destinado a actividades económicas esenciales, elemento indispensable para garantizar el empleo de calidad.

La nueva Ley de Suelo parte de una interpretación del problema muy diferente a la de la citada Ley 6/1998 y propone un cambio de orientación política. Así, la nueva norma se inspira en el principio de que el problema del suelo en España ha venido provocado por un exceso de demanda de vivienda, cuya consecuencia inmediata ha sido la inflación del suelo. Con este principio inspirador, la nueva Ley de Suelo se configura como una ley referida al régimen del suelo. No se trata de una ley urbanística y en este sentido aparecen las primeras novedades positivas respecto a textos anteriores, en la medida en que por primera vez se prescinde de regular técnicas específicamente urbanísticas para respetar la distribución de competencias.

La nueva Ley de suelo bascula sobre dos líneas maestras principales. Por un lado, establece cuáles son las atribuciones concretas del Estado, dejando claro el hecho de que la función del Estado se circunscribe a la legislación sobre el suelo y no sobre temas urbanísticos, como establecía la Ley 6/1998. Por otro lado, se establece la obligatoriedad del Estado de encauzar el desarrollo urbanístico sostenible mediante la potenciación del uso eficiente del suelo en sentido económico, el control sobre los desarrollos urbanísticos dispersos y el fomento de la calidad ambiental.

De esta manera, la inclusión por primera vez de forma explícita de criterios medioambientales y de sostenibilidad del desarrollo urbanístico, suponen un avance significativo respecto a la ley 6/1998, tanto en términos de calidad ambiental como de eficiencia económica. Se acaba así con la perniciosa estrategia del “todo urbanizable” de la ley anterior.

Conforme al mandato constitucional dirigido a los poderes públicos de impedir la especulación, la nueva Ley acata dicho mandato modificando el sistema de valoración del suelo desvinculando clasificación y valoración. Así, el suelo se valorará por su situación real y no por sus expectativas. Este planteamiento es positivo por lo que supone de eliminación del carácter compulsivo que tiene la vigente Ley 6/1998, según  la cual, desde el momento en que un suelo urbanizable era incluido en un sector para su desarrollo, se valoraba su aprovechamiento urbanístico aunque no se hubiera hecho nada para transformarlo.

Además de las novedades señaladas, la aprobación de la nueva Ley de Suelo viene a complementar el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, en el sentido de que ambas medidas tratan de dar respuesta al problema de accesibilidad de la vivienda en España desde una visión de la vivienda como derecho social.

En este sentido son especialmente destacables medidas como que, por primera vez, una ley estatal fija una reserva mínima del 30% de nuevo suelo residencial para vivienda protegida. Asimismo es un avance el hecho de que se incremente el actual intervalo de cesión del 0 a 10%, a un nuevo intervalo del 5 al 15%. En manos de las Comunidades Autónomas queda ahora el desarrollo y la puesta en práctica de las medidas necesarias para que las reservas de vivienda protegida sean una realidad. Igualmente, los Ayuntamientos, como destinatarios de la cesión de suelo asociada a los procesos de urbanización, deben destinar primordialmente estos activos a la vivienda protegida, con procesos transparentes y participativos.

Para UGT, la nueva Ley nace en un momento en el que es necesario intervenir sobre algunos aspectos primordiales de nuestro entorno económico y social y que serán determinantes de cara a los desarrollos y avances que se puedan conseguir en un futuro. Desde el punto de vista de la organización productiva, la actual situación de escasez de suelo para actividades económicas que, en muchas ciudades resulta especialmente evidente y preocupante, se debe corregir de forma prioritaria. Impulsar y mantener reservas de suelo destinado a este tipo de actividades, es un elemento indispensable para garantizar el empleo de calidad, en la medida en que la afectación territorial de los centros económicos de producción es un requisito indispensable para garantizar la estabilidad del empleo que generan.

Del mismo modo que se considera que no se pueden construir nuevas viviendas protegidas si no se dispone de suelo en condiciones de coste coherentes con los precios de dicho tipo de viviendas, no es posible fomentar la creación de nuevas empresas, tanto industriales como de servicios, si no existe suelo calificado para el desarrollo de tales actividades.

Finalmente, UGT considera significativo el hecho de que la nueva Ley apueste por la transparencia, la participación ciudadana y los controles sobre el urbanismo, como herramientas indispensables de garantía y coherencia de las actuaciones previstas y de los objetivos a alcanzar a partir del nuevo enfoque político de la gestión del suelo en nuestro país, orientado a garantizar un suelo para vivir y trabajar y no para especular.

 

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