Las ONGD denuncian que la persecución y los ataques a las personas cooperantes crecen en todo el mundo

Día de las personas cooperantes

  • En 2020, 475 cooperantes fueron víctimas de ataques, y de ellas, 108 fueron asesinadas. La cooperante Juana Ruíz continúa detenida en Israel acusada de pertenencia a una “organización ilegal”, y el pasado mes de junio, la cooperante María Hernández fue asesinada junto a dos colegas etíopes en Tigray.
  • En el Día de las personas cooperantes, demandamos el fortalecimiento de una política pública crucial en un momento en el que la pandemia, el cambio climático y los conflictos han empeorado las condiciones de vida de millones de personas que ya sufrían situaciones extremas.

En un contexto mundial en el que la cooperación internacional es crucial para la vida de millones de personas, se están generalizando los ataques a las personas cooperantes. En muchos lugares del planeta, la persecución a las ONG y a su trabajo en defensa de los derechos humanos se está convirtiendo en norma. Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Israel, Guinea Ecuatorial, Tanzania o Filipinas son algunos de los países que han aprobado leyes que limitan e incluso persiguen el trabajo de estas  organizaciones.

Es la denuncia que hacen las ONGD valencianas en el Día de las Personas Cooperantes que se celebra hoy miércoles.  En España, según datos de la Coordinadora de ONG de Desarrollo, hay 734 personas que trabajan como cooperantes en 114 países. Realizar su tarea es cada vez más complicado y peligroso. Al menos 475 personas cooperantes sufrieron ataques a nivel global en 2020, incluyendo 108 asesinatos, según el último informe de Aidworker Security Organization.

Los países en los que hubo un mayor número de ataques fueron Sudán del Sur, Siria y República Democrática del Congo. Uno de esos ataques recientes, en Etiopía, acabó con la vida de la cooperante de Médicos Sin Fronteras María Hernández y dos de sus compañeros etíopes, Yohannes Halefom Reda y Tedros Gebremariam Gebremichael. Por su parte, en Israel, la cooperante española Juana Ruiz continúa encarcelada, acusada por un tribunal militar de pertenecer a una “organización ilegal”.

Denuncia del Consejo Valenciano de Cooperación

Precisamente en su última reunión, el Consejo Valenciano de Cooperación -que reúne a Administraciones Públicas, ONGD, organizaciones de Naciones Unidas, universidades, sindicatos y empresas- recordó el aumento del acoso, la persecución, la detención y los asesinatos de cooperantes, activistas por los derechos humanos, personas que trabajan en organizaciones sociales y periodistas.

“Nos preocupa especialmente la persecución y el hostigamiento a las ONG locales e internacionales en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Palestina, territorios saharauis y la República Democrática del Congo. El Consejo se ha mostrado de acuerdo en adoptar las medidas necesarias para garantizar el trabajo en cooperación y la seguridad de las personas que trabajan por la solidaridad y la defensa de los derechos humanos, que siendo un ejemplo para toda la sociedad son objetivo de la violencia”, explica la presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Cristina Ramón.

Cooperación, clave frente a la crisis

El Consejo ha dado igualmente este verano su visto bueno al futuro V Plan Director de la Cooperación Valenciana 2021-2024, trámite preceptivo para que continúe su tramitación. El Plan amplía las prioridades geográficas de la cooperación, añadiendo toda la región de Centroamérica y el Magreb, y se marca el compromiso de aumentar al menos en un 10% anual el presupuesto del programa autonómico de cooperación para los dos próximos años de la legislatura.

Desde la Coordinadora Valenciana de ONGD valoramos muy positivamente los esfuerzos presupuestarios de la Generalitat para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo por la Cooperación, firmado en abril de 2019 por todos los partidos políticos, y alcanzar el compromiso de destinar el 0,4% de los presupuestos de la Generalitat a la cooperación internacional al final de esta legislatura, y el 0,7% para 2030, como establece la Ley valenciana de Cooperación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas y suscritos por España. El 65% del presupuesto se dedicará a programas de cooperación internacional al desarrollo, el 15% se invertirá en Educación para el desarrollo, y otro 15% como mínimo se destinará a Acción Humanitaria.

También hay cambios a nivel estatal: está en marcha la reforma del sistema de cooperación, y a las puertas de los presupuestos generales para 2022, es urgente que España salga del vagón de cola de la cooperación en Europa en el que está, muy lejos del compromiso histórico de dedicar el 0,7% a cooperación internacional. Desde la Coordinadora de ONGD-España, de la que formamos parte la Coordinadora Valenciana, pedimos que el Gobierno estatal garantice el camino para dedicar el 0,5% de los presupuestos estatales a cooperación antes del final de legislatura y demostrar, de este modo, que sus compromisos se cumplen.

Las consecuencias de la pandemia, el cambio climático y los conflictos bélicos están causando graves daños en la vida de millones de personas. Países que ya enfrentaban graves problemas económicos, medioambientales, sanitarios o educativos están viendo empeorar sus entornos. Es especialmente preocupante la situación de las mujeres; los feminicidios, las violencias de género y la restricción de sus derechos están aumentando en todo el mundo.

También preocupa la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y de los territorios; según datos de Front Line Defenders, el año pasado 331 personas fueron asesinadas en todo el mundo. Además, 82 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares huyendo de conflictos y miseria, una cifra que, tras la llegada de los talibanes a Kabul, crecerá notablemente.

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