UGT-PV critica el proceso de implantación, y la escasa repercusión del Plan de Garantía Juvenil en nuestro país; ya que considera que este Plan se ha gestionado de manera parcial, sin contar con la participación de los agentes sociales y sin  facilitar el acceso a jóvenes y empresas, perpetuando, así, la precariedad laboral.

Y es que ante la grave situación de desempleo juvenil en Europa, y especialmente en países como España, la UE aprobó un presupuesto de 6.000 millones de € para ofrecer experiencias laborales, formación o cursos de reciclado a personas jóvenes que habían perdido su empleo o que habían concluido su paso por el sistema educativo formal.
Esto se tradujo en nuestro país en la implantación del Plan Nacional de Garantía Juvenil, que se enmarcó en la Estrategia de Emprendimiento Joven, aprobada en 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y ratificada por el Consejo de Ministros en julio de 2014 con la implantación Sistema de Garantía Juvenil bajo la Ley 18/2014, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Pero aquí, el principio central de la Garantía Juvenil de garantizar la igualdad de oportunidades para la juventud en el mercado laboral, choca abiertamente con la segmentación del mismo, que excluye a los jóvenes y a las personas menos formadas, condenándolas a la precariedad o al desempleo.
Otra cuestión es que el Plan Nacional para la Implantación de la Garantía Juvenil se basa en la Estrategia de Empleo y Emprendimiento Joven, pero el marco legal de esta incluye una Reforma Laboral, a la que UGT se ha opuesto y cuyos efectos negativos sobre el empleo viene denunciando desde sus orígenes, dadas sus políticas de ajuste que frenan el crecimiento económico y que han implicado el aumento de contratos temporales y a tiempo parcial.
Además, por su parte, los datos de la EPA confirman como las medidas de mejora del empleo precarizan las relaciones laborales en la juventud; ya que por ejemplo, durante el primer trimestre de 2015, la contratación de jóvenes  menores de 29 años ha supuesto el 52% de los contratos, mientras que la contratación indefinida ha supuesto un 48% de la contratación para este colectivo; produciendo así, una división de nuestro mercado laboral que ni es óptima en términos económicos ni justa, pues crea condiciones de trabajo desiguales que repercuten en el grado de protección social de los jóvenes; dado que sus menores periodos de cotización, por ejemplo, repercutirán en la bajada de las prestaciones por desempleo o en los periodos de carencia que resultarán insuficientes para acceder a una pensión digna en el futuro.
Y ahí nos encontramos además, con que se fomentan las bonificaciones a empresas sin que estas garanticen la estabilidad laboral posterior a los trabajadores y trabajadora beneficiarios de este programa, ya que únicamente se les exige mantener el empleo durante 6 meses. Eso, sumado a las graves dificultades de intermediación laboral y desconocimiento, dada la escasez de recursos de los servicios públicos de empleo encargados de gestionarla, hacen que este plan no sea efectivo.
En definitiva, UGT PV considera que para que la Garantía Juvenil funcione se necesita: Compromiso empresarial de contratar a un porcentaje de jóvenes que participen de las distintas medidas (2% de la plantilla), especialmente cuando la mayoría de las acciones están bonificadas; y Mejora del modelo de economía, que estimule actividades de alto valor añadido, investigación e innovación.
Por ello exigimos que se modifiquen los requisitos de acceso y las modalidades de contratación e incentivación, a través del diálogo social; que se dote de las herramientas necesarias a los organismos que la han de gestionar; y que dicho plan se complemente con políticas activas de empleo de calidad que permitan la integración social de los y las trabajadores jóvenes.