Por Ismael Sáez Vaquero, Secretario General de UGT PV

Cuando, tras la manifestación del 18-N, el Partido Popular decide cuestionar la Ley de Participación Institucional que su Govern puso en marcha en el 2015, sin demasiadas dudas se llegó a la conclusión de que la razón estaba en el éxito de dicha manifestación y que con ese cambio de posición el PP pretendía castigar a los convocantes, CEV incluida y en primer término.

En su disfraz se argumentaba que había muchas necesidades sociales no cubiertas y que era necesario atenderlas antes que a las organizaciones patronales y sindicales más representativas, como si no hubieran sido sus políticas especialmente crueles con esas necesidades sociales o como si los partidos políticos y sus fundaciones no fueran acreedoras de cuantiosas subvenciones. Demagogia populista que critican en los demás, pero practican sin pudor alguno.

Ahora promueven una reforma en la citada Ley que dicen pretende tratar a todas la organizaciones sindicales y patronales por igual, ignorando que UGT y CCOO representamos a más del 73% de los trabajadores y trabajadoras valencianas o que hay 98 sindicatos con alguna representación en nuestra Comunitat, lo que hace sencillo entender que darle participación institucional a todos ellos convertiría cualquier órgano de participación en una torre de Babel.

La participación institucional corresponde a las organizaciones más representativas y se practica en materia laboral, social, económica e industrial. Exige, entre otras cosas, designar miembros en cada mesa, asistir a las reuniones, preparar informes, trasladar la opinión de quienes representan por derecho propio a la inmensa mayoría de los empresarios y trabajadores de esta Comunitat; no es una subvención, sino una compensación por un trabajo que se considera útil y necesario en una democracia y que, no debemos olvidarlo, está acompañado de la imprescindible justificación auditada.

No se nos regala, pues el carácter de más representativo lo determina la Ley Orgánica de Libertad Sindical, fijándolo en un 15% en el ámbito autonómico, porcentaje que no alcanzan juntos todos los demás sindicatos intersectoriales, y se logra concurriendo a las elecciones sindicales y consiguiendo el apoyo de los trabajadores y trabajadoras.

Nuestra actividad sindical se sostiene con las cuotas de nuestros afiliados, con ellas disponemos de gabinetes jurídicos y económicos, negociamos en miles de empresas, participamos en la negociación colectiva sectorial, promovemos manifestaciones, huelgas o acordamos con Gobiernos en el ámbito estatal, en el autonómico o en el local. A nosotros no nos pagan el salario de nuestros dirigentes, no tenemos diputados, concejales o cargos retribuidos por el erario público que además de cumplir su función trabajan para su correspondiente partido político. Las horas sindicales las pagan las empresas a aquellos representantes que han conseguido serlo gracias al apoyo y la confianza de sus compañeros, y en esto la Ley no distingue entre unos sindicatos u otros.

Los sindicatos, junto a las organizaciones empresariales, asumimos el esfuerzo de la negociación colectiva para todos: afiliados o no, asociados o no. Y CCOO y UGT estamos en la práctica totalidad de las empresas y en todos los sectores negociando y acordando, sin que por ello percibamos absolutamente nada, tampoco las patronales. Sería más razonable alguna iniciativa legislativa en la dirección de apoyar la negociación colectiva, en vez de ésta que persigue cercenar la Ley de Participación Institucional.

Se está discutiendo la reforma de la Ley electoral valenciana y con ella qué porcentaje debería permitir la obtención de representación en Les Corts, ahora establecido en un 5% que se estima por todos menos por el PP debería bajarse al 3%. Si establecemos comparaciones, siempre odiosas, ningún sindicato al margen de UGT y CCOO alcanza ese porcentaje y sólo dos intersectoriales superan el 3%: CSIF el 3,7% y SI el 3,1%; el PP no tendría representación en el Parlamento Catalán con la actual ley electoral valenciana y, aunque allí la tiene, que no me digan que tener grupo propio o estar en el mixto da igual, porque me parece que la diferencia se mide en unos cuantos “privilegios” de los que no se excluye el cobro de “subvenciones.”

UGT y CCOO ostentan, cada uno de ellos, diez veces más representación que el siguiente sindicato; sin embargo, en las pasadas elecciones autonómicas el P.P. obtuvo un 26,25% del voto y Esquerra Unida un 4,26%, es decir, apenas 6 veces más representación. Nosotros no queremos para los demás sindicatos la consideración que la Ley electoral le reserva a EU, pero tampoco podemos aceptar que se considere privilegiados a quienes representamos al 73,29% de los trabajadores y trabajadoras valencianas por nuestra participación institucional.

Jugar a aprendiz de brujo no parece propio de partidos democráticos. Qué duro se hace y cuánto miedo da tener que recordarlo.