18 de marzo de 2007

Gestionar con un mínimo de eficacia las innumerables cuestiones que afectan la agricultura y la ganadería valenciana conlleva un amplio y diverso despliegue de actitudes y aptitudes, no sólo políticas, que sería muy difícil de enumerar.

En este sentido, no se puede dudar de que la agilidad y la eficiencia administrativa pueden ayudar a mejorar la actual crisis que atraviesa el campo en la Comunidad Valenciana, mientras que lo contrario, la lentitud y la ineficacia, pueden perjudicar gravemente tanto al sector agrícola como al ganadero.

Por ello, esta misma semana desde la UPA-PV hemos denunciado la insensatez que supone que aquellos agricultores y ganaderos, que se han acogido al cese anticipado de la actividad, lleven más de cinco meses, concretamente desde el mes de noviembre, sin haber percibido las pequeñas cantidades que la administración pone a su disposición.

Algo fundamental para el campo valenciano, ya que estamos hablando de agricultores y ganaderos que cedieron sus explotaciones a otras personas para favorecer el relevo generacional en el mundo agrario y asegurar la continuidad de muchas de las explotaciones que pueblan la Comunidad sin olvidar, entre otras cuestiones, que también es un eficaz método para paliar la baja densidad de población de las zonas de interior.

UPA-PV consideró oportuno en su día la puesta en marcha el año pasado de esta ayuda por parte de la administración valenciana, que tenía como objetivo asegurar unos ingresos a los agricultores de mayor edad que decidieran cesar en la actividad agraria, así como mejorar la viabilidad económica de las explotaciones facilitando la entrada de agricultores más jóvenes.

Pero lo cierto es que este colectivo, que asciende apenas a medio millar de agricultores y ganaderos, tiene que sobrevivir con unos ingresos que, por lo general, no son muy altos, y las cantidades que les adeuda la Conselleria, comprendidas entre los 700 y 900 euros mensuales según las condiciones del agricultor, son más que necesarias para el día a día, por lo que no es de recibo que la administración valenciana deje de cumplir con su obligación.

Desde la UPA-PV, teniendo en cuenta que la Generalitat Valenciana, por medio de la Conselleria de Agricultura va a gastarse durante este año nada menos que 60 millones de euros en la promoción de la marca Sabor Mediterráneo, estamos convencidos de que esta situación debe tener fácil arreglo, basta un mínimo de voluntad para resolverla.

Firmado: Rafael Cervera Calduch, secretario general de la UPA-PV.