Ismael Sáez Vaquero. Secretario General UGT-PV

Tal vez hubiera sido más efectista titular este artículo “rigor mortis”, pero si uno quiere intentar argumentar que en las críticas al ajuste fiscal propuesto por el President Puig el rigor ha muerto, lo menos que debe es intentar ser riguroso con la expresión latina.

Quizá el primer atentado al rigor es llamar reforma fiscal a lo que es un mero ajuste de duración y cuantía limitada dirigido a paliar los efectos de la inflación sobre los ciudadanos y ciudadanas valencianas con menores rentas. Esto no es una reforma, porque no pretende una alteración del sistema tributario valenciano, ni total ni parcialmente. Es limitada en su cuantía porque la Comunitat Valenciana tiene un grave problema de financiación y va hasta donde los márgenes de lo prudente admiten, y su duración es la correspondiente al ejercicio fiscal del año 2022, exclusivamente, porque responde a la voluntad declarada de ayudar a las personas con más dificultades económicas en este escenario de guerra e inflación.

Este ajuste sensato, prudente y bien intencionado puede ser matizado, faltaría más, pero lo que no se puede decir es que Puig se acerca al PP y se aleja de Sánchez y Compromís. Las propuestas fiscales de las autonomías gobernadas por el PP sí son una reforma fiscal, aunque de momento parcial: afectan únicamente al impuesto que solo pagan los ricos y lo es para eximirles de ese pago. Es decir, exactamente lo opuesto a lo anunciado por el President.

Tampoco responde al mínimo rigor decir que esta propuesta de ajuste es una bajada de impuestos y que una comunidad autónoma claramente infrafinanciada, como la nuestra, no se lo puede permitir; porque, como queda dicho, se trata únicamente de responder a un momento puntual mediante ayudas a los valencianos y valencianas con más dificultades. Se podrían haber optado por recaudar esos 150 millones y repartirlos en ayudas a los mismos ciudadanos o, como se ha decidido, librar a esos mismos ciudadanos de esa carga tributaria en el IRPF del ejercicio 2022. La ecuación no cambia.

Es disparatado decir que hay una competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas y atribuírselo a esta propuesta valenciana. La medida anunciada no supone competencia a la baja con ninguna otra administración autonómica para captar contribuyentes ricos, como abiertamente en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP se ha proclamado sin tapujos, porque ni afecta a los ricos ni es aplicable a quienes no hayan residido como ciudadanos de nuestra Comunitat en el 2022, luego es perfectamente compatible con la armonización tributaria entre comunidades autónomas que desde la Generalitat se reclama.
Para mayor abundamiento habría que decir que nuestro sistema tributario debería converger con el europeo para equiparar nuestro estado de bienestar al de los países cuyos ciudadanos y ciudadanas disfrutan de más y mejores servicios y prestaciones públicas, y que además es razonable armonizar impuestos entre socios que han decidido mutualizar deuda y poner en marcha un importante paquete de estímulo económico con los Next Generation (750.000 millones de euros) porque si hemos de compartir riesgos y disfrutar derechos nos dirán que otro tanto habrá que hacer con las obligaciones.

Alguien ha dicho que sin impuestos no hay derechos, como un reproche, pero en nada discute esta máxima la propuesta del Govern de la Generalitat. Que sin impuestos no hay derechos es tanto como decir que a los derechos les acompañan siempre obligaciones y eso no creo que lo discuta nadie. Solo añadiría que si queremos más derechos y servicios públicos hay que asumir más obligaciones fiscales. Y que el Estado de bienestar y su tamaño es directamente proporcional a la solidaridad de un país entre sus compatriotas. Socialdemocracia pura.

A lo largo de estas crisis acumuladas se han dado ayudas a pymes, autónomos, sectores económicos más castigados por el Covid y por la energía, y a trabajadores y trabajadoras afectados por ERTE que superan, solo con cargo a la Generalitat valenciana, los 1000 millones de euros. Se han reducido los precios del transporte público o las matrículas, se han aumentado las becas y se anuncian nuevas medidas para paliar el impacto de la inflación entre los ciudadanos y ciudadanas con menores recursos; sin embargo, la noticia que ocupa la atención es un ajuste fiscal coyuntural de reducido impacto.

En el debate del otro día se escucharon propuestas de la oposición para una reforma fiscal, no un ajuste. Con bajadas de impuestos por 1.500 millones de euros que, en este caso sí, ponen en riesgo la prestación de una sanidad pública de calidad y universal o una enseñanza gratuita, pública y capaz de ofrecer igualdad de oportunidades. Una propuesta para eliminar el impuesto a los ricos y competir con otras comunidades autónomas en la bajada de impuestos, para promover desplazamientos de eso ricos allá donde se les ofrezca el paraíso (fiscal) porque deben creer que los ricos llevan la patria en la cartera. Si yo fuera uno de ellos me ofendería.

Sin embargo, se ha montado un revuelo fantástico contra un ajuste fiscal prudente, dirigido a aliviar la carga que la inflación provoca en la mayoría de los valencianos y valencianas, para una situación crítica de guerra en Europa y de cuantía coherente con la situación de infrafinanciación de nuestra Comunitat.

Definitivamente el rigor ha muerto, y la verdad empieza a sufrir el rigor mortis.