Ismael Sáez Vaquero. Secretario General UGT-PV

Este 1º de mayo, de relativa normalidad tras lo más duro de la pandemia, las organizaciones sindicales en España salimos a manifestarnos para proponer las soluciones que desde nuestro punto de vista necesita nuestro país para hacer frente a la crisis estructural que padecen las sociedades democráticas y las coyunturales derivadas de la guerra en Ucrania.

Las recientes elecciones celebradas en las presidenciales francesas ponen en evidencia el descontento de una gran parte de la sociedad que se ha visto empobrecida por una globalización sin reglas en las que captar inversiones se ha impuesto a los derechos de las clases medias y trabajadoras. Fiscalidades laxas para las multinacionales han debilitado el Estado de bienestar y comprometido la igualdad de oportunidades y las prestaciones sociales fundamentales: sanidad, educación o pensiones. Devaluaciones salariales y desregulaciones del derecho del trabajo han debilitado al movimiento sindical y su capacidad de establecer un equilibrio entre beneficios y salarios. Y la estabilidad en el empleo se ha considerado un obstáculo para el “dinamismo” laboral, despreciando la experiencia en la mejora de la productividad apostándolo todo al corto plazo de reducir los costes salariales y las indemnizaciones por despido.

El neoliberalismo dominante en los últimos 40 años ha sido el armazón ideológico que ha jibarizado el poder y la capacidad de intervención de los Estados, competir sin reglas en un mundo globalizado ha fracturado las sociedades democráticas generando mayor desigualdad, menor protección social y creciente pesimismo sobre el futuro y sus posibles soluciones.

La salida de la crisis provocada por la pandemia, tan distinta a la puesta en práctica en la financiera del 2008, pone en evidencia que Europa es el único marco de protección eficaz frente a las amenazas globales, porque solo Europa puede movilizar los ingentes recursos que han permitido mantener hibernados en España 3,5 millones de empleos y cientos de miles de empresas a través de los ERTE, las ayudas directas o los créditos blandos; solo Europa puede poner en marcha los fondos Next Generation; y solo Europa podrá establecer una armonización tributaria en la UE que evite el dumping fiscal y el deterioro del Estado de bienestar consiguiente, o un SMI y un Estatuto de los trabajadores y trabajadoras europeos que proporcione estabilidad en el empelo, salarios dignos y confianza en el futuro en el continente.

Las organizaciones sindicales y la patronal hemos alcanzado un acuerdo para reformar la reforma laboral que nos impuso el PP en 2012. Además de establecer un reequilibrio en la negociación colectiva y regular las subcontrataciones, supone el primer intento serio en 40 años por resolver la altísima e injustificada temporalidad en nuestro mercado de trabajo. Sus efectos son evidentes, se han triplicado los contratos indefinidos y cientos de miles de trabajadores y trabajadoras han conseguido, y van a conseguir cada vez más, mayor estabilidad en sus empleos.

Hemos acordado con el Gobierno de coalición elevar el SMI a 1000€ mensuales en 2022 y será en 2023 cuando se deberá dar cumplimiento al compromiso de llevar el SMI al 60% del salario medio. Esto se ha logrado sin el respaldo de la patronal y sin que se haya destruido empleo, más bien al contrario, desmintiendo los agoreros e injustificados vaticinios de aquellos. Se ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital para atender a los ciudadanos con mayores dificultades y se ha derogado la reforma del sistema de pensiones, que también el PP impuso en 2013, recuperando la actualización automática de las pensiones con el IPC medio anual y eliminando el factor de sostenibilidad.

Todas estas son soluciones aportadas por las organizaciones sindicales en el marco del diálogo social durante la pandemia, en Europa y en España. Hemos pasado de políticas de recorte a políticas expansivas para la protección de los ciudadanos y para la defensa de nuestra economía y su crecimiento. Pero la invasión criminal de Ucrania nos impone nuevos desafíos que debemos afrontar con nuevas soluciones: el primero es ganar la guerra sin una intervención directa sobre el terreno, por lo que solo podemos contribuir a tal fin mediante bloqueos comerciales, pero esto tiene efectos rebote sobre nuestras economías y es el precio que debemos estar dispuestos a pagar si de verdad queremos ayudar a los ucranianos. Ahora bien, ese precio debe ser distribuido de manera justa entre todos los ciudadanos y minimizado con los resortes que el conjunto de la UE puede aplicar para disminuir su dependencia energética y reducir sus costes sobre la actividad económica y el nivel de vida de los ciudadanos.

Este segundo desafío, contener la inflación y garantizar el poder adquisitivo de los salarios, nos ha llevado en España a proponer a la CEOE la renovación del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva. Son dos propuestas que pueden parecer antagónicas, pero no lo son, porque se trata de un acuerdo a tres o cuatro años, con incrementos que se situarían en el entorno de la inflación media y que garantizarían el mantenimiento del poder adquisitivo con cláusulas de revisión que podrían operar al final del plazo pactado. Estamos dispuestos a intentar evitar espirales inflacionistas o de segunda vuelta, pero no lo estamos a asumir los esfuerzos del ahora y los riesgos de después. Por eso la CEOE debe entender que las cláusulas de revisión son imprescindibles para que el acuerdo sea equilibrado y, por tanto, posible. También deben comprometerse a asumir una reducción en sus márgenes de beneficios si de verdad se pretende contener la inflación y salir de esta crisis con mejoras de competitividad respecto de los países de nuestro entorno que nos permitan ganar mercados y generar empleo.

En el fondo, estas y otras soluciones ya adoptadas, van en la dirección de superar y corregir desigualdades crecientes en nuestras sociedades democráticas. Se trata de una constante del movimiento sindical: Igualdad, justicia social y libertad, pero sin desconocer las dificultades ni las complejidades del momento. No se trata solo de desear un mundo mejor, sino de analizar los obstáculos y proponer las soluciones que hagan posible la aproximación a tales deseos.

Lo que desde luego no son soluciones es bajar los impuestos de manera generalizada con una deuda pública del 120% del PIB, ni proponer que las pensiones de nuestros jubilados y jubiladas pierdan poder adquisitivo cuando hace apenas unos meses se firmó el acuerdo de pensiones, tampoco que los salarios sean los que asuman en solitario el coste de la inflación y sin garantías de recuperación del poder adquisitivo. No es la solución generar más desigualdad ni olvidar tan pronto las enseñanzas de la pandemia y el decisivo papel del Estado protegiendo, también a las empresas, con el dinero de todos.
Cada 1º de Mayo es la proclama de una aspiración universal de progreso, desde la razón.