El 20N, un clamor por la financiación

Ismael Sáez Vaquero. Secretario General UGT-PV

El próximo 20 de noviembre, los valencianos y valencianas estamos convocados a participar en las manifestaciones organizadas por la Plataforma per un Finançament Just en las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana en defensa de un nuevo sistema de financiación autonómica que nos haga justicia.

No se trata de victimismo ni de un sentimiento de agravio, tampoco de un nacionalismo arrogante que cree merecer lo que a otros les niega; se trata estrictamente de ‘razón práctica’. En este empeño estamos juntos los sindicatos UGT-PV y CC OO-PV, así como la patronal autonómica CEV y casi todos los partidos políticos con representación en Les Corts: PSPV-PSOE, PP, Compromís, Ciudadanos y Unidas-Podemos.

Desde antes de la llegada de la democracia a España, la Comunitat ya padecía esa infrafinanciación en forma de menos hospitales, menos escuelas y menos servicios que la media, porque el sistema de las autonomías y la asunción de competencias se resolvió transfiriendo el coste que los servicios transferidos suponían en cada comunidad, y a nosotros nos tocó lo que había: muy poco. Así pues, que nadie atribuya al título VIII de la Constitución nuestros problemas de financiación.

De este modo se creó lo que en el argot se denomina ‘statu quo’, algo que ninguna de las reformas realizadas ha sido capaz de corregir. Y desde entonces venimos acumulando deuda a pesar de gastar menos que la media por habitante, perdiendo posiciones en renta per cápita y viendo como el Estado de Bienestar y nuestras capacidades de mejorar nuestra economía se distancian y deterioran respecto de otros ciudadanos y ciudadanas españolas.

Los datos son conocidos: 12 puntos de renta pèr cápita por debajo de la media, más de 700 euros menos por habitante y año que la comunidad autónoma mejor financiada (que se sitúa por encima de los 2.000 euros si nos comparamos con las de régimen foral); menos gasto por habitante en educación, en sanidad y en servicios sociales; escasos recursos para impulsar nuestra economía incorporando inversión, desarrollo e innovación capaz de generar más y mejor empleo; una deuda cercana a los 55.000 millones (la más elevada de todas en relación a nuestro PIB) y, por si todo esto fuera poco, contribuimos al sistema como si fuéramos una comunidad autónoma rica.

No buscamos confrontación con otros territorios ni crear frentes, tampoco estirar la manta para taparnos nosotros dejando al aire los pies de nadie. Creemos que el conjunto del sistema debería crecer en unos 16.000 millones al menos, que es lo que correspondería para que el conjunto de las autonomías de régimen común pudieran prestar los servicios transferidos. De este modo, las peor financiadas, como es nuestro caso, aumentarían sus recursos y su posición relativa.

No va dirigida contra Sánchez, como no fue dirigida contra Rajoy la manifestación de 2017. Va en defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana sin menoscabo del conjunto del país, porque lo que es bueno para 5 millones de valencianos y valencianas es bueno para España, pero corresponde al Gobierno de la nación trasladar una propuesta rigurosa para el debate, la negociación y el acuerdo. Y esa propuesta tiene que reconocer la tozuda realidad de nuestra infrafinanciación y darle adecuada respuesta.

Los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022 contemplan una partida de más de 7.000 millones de euros para amortización de la deuda, casi el 26 % del total, una deuda que se ha producido a lo largo de decenios gastando menos por habitante que la media y que supone un lastre presente y futuro imposible de levantar. Esa deuda está en su mayoría en manos del Estado, por lo que su condonación en la parte achacable a la infrafinanciación no supone perjuicio alguno a inversores que en su día confiaron en la Comunitat y tampoco incrementa en lo más mínimo el riesgo país, pues ya figura como tal allende nuestras fronteras como deuda del Reino de España. Que no nos cuenten que esta condonación trasladaría un mensaje pernicioso a la necesaria disciplina presupuestaria cuando hemos venido padeciendo y padecemos un trato discriminatorio e injustificado.

Las razones de la manifestación están sobradamente expuestas, la conciencia de valencianos y valencianas sobre esta penosa realidad va creciendo y el próximo 20 de noviembre tendremos la oportunidad de demostrarla en las calles de Castelló, València y Alicante.