La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT y Confedetel, quieren agradecer a los grupos parlamentarios del Congreso y a los partidos políticos que los sostienen, su apoyo a las reivindicaciones, para corregir la injusticia y el agravio comparativo que desde hace tiempo venimos denunciando, para lograr que se eliminen los coeficientes reductores que afectan a las pensiones en los casos de largas carreras de cotización y las de  quienes han tenido que dejar sus trabajos por causas ajenas a su propia voluntad. Pero las reivindicaciones continúan.

Así, UGT y Confedetel solicitamos que se emprenda el camino en la regulación laboral para evitar que empresas con beneficios, expulsen a los mayores de sus plantillas, sin más objetivo que el reducir costes e incrementar sus cuentas de resultados, algo que viene haciendo, por ejemplo, el Banco de España en su política de concentración bancaria que de no corregirse supondrá el despido de unos 20.000 trabajadores y trabajadoras, los cuales verán disminuidas a la baja sus futuras pensiones.

Por ello, desde ambas entidades les pedimos que exijan al gobierno por todos los pensionistas (presentes y futuros), que verán afectada la cuantía de sus pensiones; que se supriman los coeficientes reductores, con efectividad desde la aprobación de la normativa, y recuperen así la pensión que les hubiera correspondido al llegar a la edad de jubilación. Todo ello siempre que las cotizaciones efectuadas a lo largo de su vida laboral excedan del periodo necesario para alcanzar el 100% de la base reguladora que en su día se les aplicó como base de cálculo para la determinación de su pensión.

Además. Demandamos también que exijan la eliminación definitiva de la limitación temporal de la Cláusula de Salvaguarda de la Ley 27/2011, para el acceso a la jubilación involuntaria, referida en la Disposición Transitoria 4ª.5 de la Ley General de la Seguridad Social, al menos, para los trabajadores despedidos por Expedientes de Regulación de Empleo o para los acuerdos colectivos aprobados antes del 1 de abril de 2013, ya que tras dos prórrogas anuales sucesivas establecidas por el gobierno actual sigue estando dicho límite en el 1 de enero de 2021.