4 de febrero de 2009
Este mes se han cumplido dos años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. Durante este tiempo su aplicación ha sido controvertida ya que las competencias corresponden a las Comunidades Autónomas, por lo que el desarrollo de la ley ha dependido de la voluntad política de los gobiernos de cada comunidad.
Como hemos venido denunciando desde la UGT-PV en la Comunitat Valenciana la aplicación de la ley sufre un retraso considerable respecto a las otras comunidades. Han sido numerosas las sorpresas en cuanto a la aplicación del sistema de protección social a personas con dependencia, que escapan de toda lógica. Al retraso acumulado que lleva la Conselleria de Bienestar Social hay que sumar el despido de profesionales del trabajo social en algunos ayuntamientos de municipios de nuestra comunidad, lo que dificulta la aplicación adecuada de la ley, con los agravios que esto supone a las familias y personas con dependencia.
A esta situación hay que añadir la poca transparencia de la Conselleria de Bienestar Social. De manera informal nos enteramos de que el Servicio de Ayuda a Domicilio ha sido regulado con una circular interna en la que se propone acreditar a empresas privadas que presten este servicio y, de esta manera, otorgar a las personas con dependencia la prestación vinculada al servicio. El espíritu de la Ley de Dependencia es que se cree una Red Pública de Servicios de manera progresiva, por lo que la prestación de servicios debe primar sobre la concesión de prestaciones económicas. En este caso la política del Gobierno de la Generalitat va en contra de este espíritu, ya que el servicio de ayuda a domicilio se podría proporcionar desde las entidades locales, lo que aumentaría la calidad en los servicios y del empleo de los profesionales de atención a la dependencia.
Los requisitos que deben cumplir las empresas que quieran estar acreditadas que establece la Conselleria no han sido publicados oficialmente, por lo que únicamente conocen estas particularidades los profesionales del servicio municipal de atención a la dependencia de los ayuntamientos y las empresas interesadas que presenten servicios de ayuda a domicilio.
La misma circular además establece unos mínimos para la prestación vinculada al servicio, que tampoco están regulados legislativamente. Estos mínimos se han establecido en función del grado y nivel de la persona dependiente. Así, para el grado II nivel 1 y 2 el mínimo de prestación que le correspondería sería la cuantía de una pensión no contributiva, y para el grado II nivel 2 un mínimo de 100 euros mensuales. Hablamos de cantidades irrisorias ya que dudamos de la calidad del servicio que se podrá encontrar en el mercado privado por 100 al mes.
Desde la UGT-PV denunciamos el oscurantismo con el que trabaja la Conselleria de Bienestar Social. Demandamos que la regularización de los servicios y prestaciones pendientes (servicio de ayuda a domicilio y prestación económica de asistencia personal) sea pública y accesible para toda la ciudadanía valenciana. No se puede permitir que no se preste el servicio de ayuda a domicilio como tal, y que en su lugar se dé una prestación económica para que la persona con dependencia busque el servicio en el mercado privado a través de las empresas acreditadas por la Conselleria de Bienestar Social. Desde nuestra organización apostamos por la creación de una Red Pública de Servicios a través de los ayuntamientos, para que así sean cercanos a toda la ciudadanía y se creen empleos de calidad lo que repercutiría en la calidad de los servicios prestados a las personas en situación de dependencia.