29 de julio de 2008
La situación de las personas en situación de dependencia en la Comunidad Valenciana es cada vez más dramática. Al retraso en las resoluciones y elaboración de los Programas Individuales de Atención (PIA) hay que añadir la imposición en cuanto a las prestaciones y servicios que ofrece la Conselleria. Según la Orden de la Conselleria de Bienestar Social que regula el Procedimiento de Aprobación del Programa Individual de Atención, las prestaciones y servicios que le corresponda a la persona en situación de dependencia tiene que estar consensuada por ésta. Pero esto no es lo que está sucediendo en la Comunitat Valenciana.
En la Comunitat, las únicas prestaciones que se reconocen son las de cuidados informales, y los servicios ofrecidos son para aquellas personas que ya estaban en una residencia o en un centro de día y disfrutaban del Bono correspondiente.
Como ejemplo, la UGT-PV expone el caso de Alba, una joven de 21 años con parálisis cerebral y con más del 90% de minusvalía (gran dependiente), que terminó el colegio el pasado mes de junio en un Centro de Educación Especial de Cheste. Su madre solicitó que fuera valorada en mayo de 2007, pensando que cuando Alba terminará el colegio en Cheste, ya tendría todo resuelto para que Alba acudiera a un Centro de Día en el que fuera atendida.
A fecha de hoy, finales de julio, a la madre de Alba sólo le ofrecen una prestación económica de cuidados en el entorno familiar, prestación que no es lo que se solicitaba por parte de la madre de Alba, por su trabajo (es conductora de autobús) y sus circunstancias familiares y el tipo de dependencia de la joven.
La enfermedad de Alba requiere la realización de ejercicios de rehabilitación todos los días en un centro especializado para así evitar que la enfermedad vaya a más. Lo que ofrece la Generalitat, una prestación económica de cuidados en el entorno familiar, supondría que Alba se tendría que quedar en su casa y por lo tanto no podría desarrollar las actividades necesarias para su mantenimiento físico, además de que la madre es trabajadora.
La UGT-PV denuncia que desgraciadamente casos como el de Alba ocurren a lo largo y ancho de toda la Comunitat Valenciana, casos de impotencia que se van conociendo poco a poco. Casos en los que las personas dependientes y sus familias no notan a la administración autonómica cerca, en sintonía con sus circunstancias, y además creen que la aplicación de la Ley de Dependencia, que tantas esperanzas les había dado para la mejora de su día a día, no está cubriendo su caso y no soluciona sus problemáticas.
La UGT-PV considera que las personas en situación de dependencia tienen derecho a poder escoger entre los servicios y prestaciones que marca el Catálogo de Servicios de la Ley de Dependencia, aquel que mejor se ajusta a sus necesidades, ya que se trata de un derecho reconocido en dicha Ley, y no que la administración decida y asigne sin consensuarlo con los dependientes o sus familias.