7 de noviembre de 2007
La Comunitat Valenciana sólo tiene 34 valoradores de los 150 que se tenían que haber habilitado para poder poner en marcha la Ley de Dependencia en el territorio valenciano durante el 2007. Así, lo ha manifestado la secretaria de la Mujer y la Igualdad de UGT-PV, Elvira Ródenas, en la presentación del taller formativo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia que ha tenido lugar esta mañana en el salón de actos de la Unión Comarcal Millars-Palancia-Plana Alta de UGT.
“Se trata de una ley muy importante pero los valencianos y valencianas están teniendo serias dificultades para acogerse a este derecho. El estado ha aprobado la norma pero ahora la Comunidad Autónoma es quien tiene que gestionarla, y ahí es donde radica el principal problema. La comunidad autónoma ya ha recibido una cantidad económica de los presupuestos del estado que no está siendo utilizada”, ha destacado en la presentación.
La administración autonómica tiene que valorar el grado de dependencia de cada solicitante para determinar el tipo de ayuda que tiene que recibir. “Si no se han habilitado las personas que tienen que baremar la dependencia, difícilmente se podrá prestar la asistencia”, ha lamentado la secretaria de la Mujer.
Por su parte, Pilar Marco y Amanda González, del departamento de Servicios Sociales de UGT-PV, han explicado más detalladamente cuál es el objeto de la ley así como las prestaciones y servicios que esta ofrece y el procedimiento que se ha de seguir para solicitar las ayudas. “Para poder ejercitar este derecho, los ciudadanos, en primer lugar, deben solicitar la valoración para conocer el grado de dependencia. Esta deberá llevarla a cabo la Conselleria de Benestar Social y posteriormente se realizará un plan individualizado para cada caso que determinará las prestaciones”, ha explicado Pilar Marco.
Amanda González ha remarcado que la ley establece primordialmente prestaciones en forma de servicios, pero también prevé ayudas económicas en aquellos casos en que no se pueda dar el servicio. Las prestaciones sociales que se contemplan son de ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de día y de noche y la atención individualizada. “Se trata de una ley de mínimos que establece un derecho universal tan importante como puede ser la Educación y la Sanidad. Dentro de un tiempo será impensable que a un enfermo de Alzheimer, por ejemplo, le digan que no tiene plaza en una residencia”, ha concluido Elvira Ródenas.