Este 20 de febrero UGT PV ha salido a la calle en defensa del sistema público de servicios sociales y para exigir al Consell el cumplimiento del acuerdo firmado en 2022, de mejora del sistema público de servicios sociales. Denunciando que está en riesgo la calidad asistencial y el bienestar de decenas de miles de personas usuarias y de más de 13.000 personas trabajadoras.
Para ello y en convocatoria conjunta con CCOO-PV se ha movilizado a los sectores de atención en servicios sociales para denunciar que el actual Gobierno valenciano incumple los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social en la anterior legislatura. Pactos que incluían, entre otras cuestiones, la dignificación y la homologación salarial y de jornada del personal de los centros de la acción concertada y de los centros de titularidad pública y gestión privada, con el personal público. Incumplimientos que ponen en peligro la continuidad del sector. En ese sentido se reclama a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda por el desvío de los fondos presupuestarios ya consignados en el 2023, y por la no provisión de recursos suficientes para cumplir el acuerdo en los presupuestos de 2024.
Así se denuncia que, en los centros de titularidad pública y gestión privada, la Conselleria tiene retenidas las licitaciones, lo que implica que no hay homologación ni incrementos salariales. De hecho, al no sacar las licitaciones se dejan sin efecto también las mejoras en la calidad del servicio que prevén estos acuerdos, como el aumento de ratios de personal o las obligaciones a cumplir por las empresas. Por todo ello se exigen ya las licitaciones y que no se apliquen prórrogas forzosas, porque esto significaría incrementar la deuda con las entidades que gestionan estos centros, ya que estarían en expediente de resarcimiento, es decir, sin contrato.
Y es que el acuerdo alcanzado el 17 de noviembre de 2022 fue histórico para el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. Un pacto que permitía mejorar la financiación de las entidades y hacer efectiva la homologación salarial y de jornada de las personas trabajadoras. En suma, para sostener adecuadamente la cuarta pata del estado del bienestar.
Así hoy se ha recordado al actual gobierno que aún está a tiempo de retomar el acuerdo de hace un año, garantizando la sostenibilidad del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, ya que está en riesgo la calidad asistencial y el bienestar de decenas de miles de personas usuarias y de más de 13.000 personas trabajadoras. Además, reclaman iniciar las negociaciones en la mesa del diálogo social, que ha sido reunida tan solo una sola vez, para abordar y poner solución a los problemas actualmente existentes en el sistema, entre ellos, el déficit de personal o el de infraestructuras.
Por otra parte el próximo 1 de marzo, se hará entrega al Síndic de Greuges de las miles de firmas que se están recogiendo por parte de las dos centrales sindicales, para solicitar su amparo y que inste al Gobierno a cumplir lo acordado.