Jornada sobre el Acuerdo de Materias Concretas para la Mejora de la Economía y el Empleo de la Comunitat alcanzado entre los agentes sociales y la Generalitat
Este 8 julio ha tenido lugar en la sede de UGT PV la Jornada sobre el Acuerdo de Materias Concretas para la Mejora de la Economía y el Empleo de la Comunitat. La misma ha estado presentada por Lola Ruiz Ladrón de Guevara, Secretaria de Acción Sindical de UGT-PV quien en su intervención ha puesto de manifiesto la importancia de la firma de este acuerdo en marzo de este año. Este, ha dicho, es un acuerdo por el que UGT PV ha venido trabajando desde hace años y el cual ha sido un empeño de su actual Secretario General quien trasladó la necesidad del mismo a la CEV con el apoyo de CCOO PV que también asumió la demanda de trabajar por la estabilidad en el empleo y la mejora de las condiciones en las administraciones públicas.
La jornada ha seguido analizando en su primera mesa, el punto de vista que sobre el acuerdo traslada UGT PV; Para ello han participado Ana Mejías, abogada de UGT-PV; Rosa Benítez, secretaria Acción Sindical e Igualdad de FICA-PV; y Paco Caballero, secretario de Administración Local y Servicios a la Comunidad de FeSP-PV.
La mesa ha estado moderada por Vicente Martínez Trenco, Secretario de Política Sindical FeSMC-PV y en la misma se ha destacado, en palabras de Ana Mejías, la relevancia de alcanzar dicho acuerdo, porque con él se ha conseguido que se imponga la obligación a las empresas adjudicatarias de todas las administraciones valencianas, de todos los sectores de actividad, a subrogar a las y los trabajadores que estaban prestando previamente este servicio y que sin el mismo quedaban desprotegidos con el cambio de empresas prestatarias e incluso en muchas ocasiones perdían su empleo.
Por su parte Rosa Benítez, ha ejemplificado la necesidad el mismo en las demandas planteadas a lo largo del 2020 desde la Federación de Industria para evitar el despido y el empeoramiento de las condiciones de las trabajadoras y trabajadores que prestaban servicios de mantenimiento en los hospitales valencianos. Cuestión que ha venido a solucionarse con la firma de este acuerdo y que ha supuesto el fin de la situación de inseguridad de estos trabajadores que cada cuatro años veían en peligro sus empleos y sus condiciones laborales cuando había que renovar las licitaciones.
En cuanto a la FeSP-PV; Paco Caballero destacó que este acuerdo se venía reclamando desde hacia tiempo, sobre todo también para los nichos de nuevos empleos que venían generándose en la administración y que quedaban desprotegidos, por lo que aporta seguridad a las empleados y empleados de los servicios públicos.
La segunda mesa de la sesión ha trasladado el punto de vista desde la doctrina y la judicatura y para ello se ha contado con: Adrián Todolí, Profesor de la Universitat de València; y Ángel Blasco, Magistrado del Tribunal Supremo. La moderación de la misma ha corrido a cargo de Laura Nieto, Secretaría Sector Bienes de Equipo de FICA-PV.
En esta segunda exposición se ha evidenciado el marco normativo en el que se contempla la regulación de la sucesión de contratas. Así, Ángel Blasco señaló el papel que este acuerdo juega en la sucesión de contratas del sector público y en cómo puede afectar a los interinos no fijos. Además, Blasco señaló que era necesario al salvaguardar un área en la que hay mucha inseguridad y conflictividad. Así, acuerdos como este contribuyen de manera decisiva a dar seguridad jurídica a cuestiones que anteriormente no la tenían. Y por ello hay que hacer un llamamiento a las administraciones públicas para que en materia de reversión haya interés para establecer la subrogación de personal que se reclama en el mismo.
Por su parte, Adrián Todolí señaló que el presente acuerdo, tiene muchas garantías de funcionamiento, aunque del mismo se pueden desprender también algunas cuestiones a la hora de aplicarlo que habría que analizar. Así ha señalado algunos ejemplos, como el caso de una nueva contrata de una empresa que contemple en su licitación menos trabajadores que los que había en la anterior, en este caso ésta no tendría la obligatoriedad de contratar a la totalidad de los que estaban antes, y ahí, en el caso de que hubiera conflictividad, la cuestión se derivaría a los tribunales.
Otra de las cuestiones que ha señalado pueden derivar en conflicto es la de la antigüedad, ya que implica que los trabajadores que puedan beneficiarse de la misma tengan al menos 6 mese de antigüedad, para evitar que se “cargue” a la nueva empresa adjudicataria con trabajadores extra a la hora del cambio. En definitiva, ha dicho, un buen acuerdo marco con pequeñas casuísticas que habrá que ir estudiando a la hora de aplicarlo.
Por último, la sesión ha contado con una tercera mesa que ha analizado el punto de vista desde la Administración. La misma ha contado con Carlos Alfonso Mellado, Presidente del Comité Econòmic i Social de la Comunitat; moderado por Fernando Millán, Secretario Política Sindical FeSP-PV. En su intervención el presidente del CES CV ha señalado que este acuerdo marco es muy importante para muchos sectores, como el de mantenimiento, además de que ofrece a la administración la posibilidad de trabajar por el fomento del trabajo decente en un campo muy concreto como es el de la subrogación, y esto ha subrayado es un deber que la administración debe abordar y que este acuerdo fomenta, persigue y facilita.
La clausura ha corrido a cargo de Ismael Sáez, Secretario General de UGT-PV y de Gabriela Bravo, Consellera de Justicia de la Genralitat. En su intervención el líder de UGT-PV ha puesto de manifiesto que este acuerdo permite canalizar las reivindicaciones de aquellos trabajadores y trabajadoras de colectivos más reducidos donde no era fácil sacar adelante sus demandas. Por otra parte el secretario General de UGT-PV ha puesto de manifiesto los hechos que han facilitado culminar con éxito este proceso de acuerdo, como han sido el contar con una patronal autonómica única que ha facilitado entendimientos, y también la propia pandemia, que ha destapado una gran demanda social ante la cual la patronal ha tenido que demostrar sensibilidad y entendimiento.
Por su parte, la Consellera de Justicia ha alabado el acuerdo y el que los agentes sociales hayan sido capaces de llegar al mismo, ya que en definitiva es una herramienta por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras. Además de ello Bravo señaló los necesarios procesos de modernización que desde la administración se están iniciando. La consellera ha dicho que se necesitan servicios públicos innovadores y flexibles que acompañen al sector privado y a la sociedad civil. Y este, ha dicho, debe ser el horizonte.