Ismael Sáez Vaquero. Secretario General UGT-PV

En tiempos de crispación y polarización política especialmente enconados, pero no solo en ellos, desde el flanco derecho mayoritaria pero no exclusivamente, se suele patear al oponente político en el culo de las organizaciones sindicales más representativas con las consabidas excusas e invectivas: No representan a nadie, nadie los sigue, sus “liberados” son unos comegambas que viven del cuento, ya no hay clase trabajadora…   Pero pretendiendo en el fondo debilitar a quienes consideran instrumentos afines a determinados partidos políticos para restarles a éstos capacidad e influencia. En definitiva, que el ataque o patada en el culo lo es precisamente por aquello que se nos niega, aunque se nos critique de lo contrario.

Y así sucedió no hace mucho en nuestra Comunidad Autónoma con algunos componentes del Botánic y así sucede ahora con el mensaje de Vox en casi todos los gobiernos de los que forman parte, o como sucedió con Podemos en su “mejor” momento cuando promovían un sindicato propio como ahora lo hacen desde la extrema derecha.

Pero, como bebe ser, las organizaciones sindicales conforman sus programas, sus estrategias, sus objetivos y sus Direcciones autónoma y democráticamente, se centran en el poder adquisitivo de los salarios, en la jornada laboral, en la prevención de riesgos laborales, en las reglas que regulan la negociación colectiva, en la mejora de la productividad o en el empleo, por poner solo algunos ejemplos; y lo hacen por mandato Constitucional en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios por una doble vía: la negociación colectiva en las empresas y en los sectores, y a través del diálogo social con patronales y Gobiernos.

Porque el papel del sindicato no se reduce a defender a sus afiliados de los abusos o a hacer posible el ejercicio efectivo de sus derechos, sino que pretende y consigue establecer nuevas normas, nuevos derechos para todos los trabajadores y trabajadoras a través de esa doble vía en su también doble dimensión como trabajadores y ciudadanos. Y así se puede afirmar que el Estado de bienestar es en gran medida deudor del movimiento sindical porque defiende y promueve las condiciones de trabajo de los docentes y además la enseñanza obligatoria, universal y gratuita; porque defiende y promueve los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la salud y además un sistema sanitario público de calidad para todos; o porque defiende un sistema de pensiones y de protección social solidario en manos del Estado.

Para su funcionamiento los sindicatos de clase más representativos, que son aquellos con capacidad para transformar la realidad directamente en el convenio colectivo o indirectamente en el boletín oficial correspondiente, disponen de las cuotas de sus afiliados y afiliadas, así como de determinadas subvenciones públicas que pueden variar dependiendo de los intereses de aquellos, casi todos, que creen que en culo sindical se puede patear a la oposición o directamente la oposición que los sindicatos pueden representar en la defensa de sus legítimos intereses económicos y sociales. Dicho de otra manera, los partidos políticos que tienen regulada las subvenciones que garantizan su independencia, su no sometimiento a intereses particulares y concretos, y que suponen la práctica totalidad de sus recursos, son los que deciden en cada asamblea legislativa en la que invariablemente están presentes cuáles son y en qué cuantía las subvenciones que merecen los sindicatos.

Las organizaciones sindicales y patronales forman parte de la arquitectura Constitucional, sus funciones están claramente definidas, su organización interna es democrática y su existencia es requisito imprescindible para que el Estado español pueda ser considerado una democracia plena; sin embargo, la ausencia de una norma que regule las causas, fines y cuantías de las subvenciones, exactamente como se hace respecto de los partidos políticos, permite poner en cuestión la calidad democrática de nuestro desarrollo constitucional en este punto. La participación institucional, la negociación colectiva o las elecciones sindicales son asuntos de enorme transcendencia y utilidad pública que merecerían ser protegidas. No solo de patadas en el culo, sino también de palmadas en la espalda.

 

 

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