La Semana Europea de la Movilidad es una campaña dirigida a sensibilizar sobre los beneficios tanto para la salud pública como para el medio ambiente asociados al uso de modos de transporte más sostenibles, en particular, el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. El tema elegido por la Comisión Europea de este año 2024 es “Espacio Público Compartido”, y nos invita a reflexionar colectivamente sobre cómo rediseñar nuestras ciudades para que podamos movernos de forma segura y cómoda en un entorno agradable, especialmente peatones y ciclistas.
En esta semana de reivindicaciones por una movilidad sostenible desde la UGT-PV queremos aprovechar para exigir de forma contundente que tanto el gobierno como el resto de actores hagamos el esfuerzo de alcanzar el consenso necesario para aprobar la Ley de Movilidad Sostenible que se encuentra atascada en el congreso.
La propuesta de esta nueva ley se basa en la consideración de la movilidad como un derecho, que desempeña un papel fundamental en la vida de las personas. En concreto, respecto a nuestra visión sindical, afecta directamente al ejercicio efectivo del derecho al trabajo, siendo, en definitiva, un elemento determinante del bienestar de las personas y su calidad de vida.
Pero además, el proyecto normativo añade la consideración de movilidad sostenible, para lo que propone reorientar la movilidad hacia modos de transporte más ecológicos, que permitan proteger la salud, el medioambiente, el clima, el bienestar y la seguridad de toda la ciudadanía.
Así que podemos considerarla hoy por hoy como una ley imprescindible ya que, al ser el transporte el principal foco emisor de gases de efecto invernadero en España, si no avanzamos en su reducción no cumpliremos con nuestros objetivos climáticos internacionales. De hecho, la aprobación de esta ley es uno de los compromisos acordados con la Comisión Europea en la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con lo que si no está en marcha antes de que acabe el 2024 no podremos contar con los fondos europeos previstos.
Sin embargo, solo quedan poco más de tres meses para acabar el año y el proyecto de ley cada vez está más atascado. El Partido Popular acaba de presentar una enmienda a la totalidad que, como mínimo, supondrá un nuevo retraso a la tramitación. Un proyecto de ley que volvió a entrar en el Congreso a principios de este año, después de que el Consejo de ministros lo aprobara en enero, con el mismo texto que había decaído en 2023 al convocarse las elecciones generales de julio.
La premura en los plazos ha llevado al gobierno a ser poco efectivo en la incorporación de las alegaciones que se presentaron. Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, junto con otras 14 entidades sindicales, sociales, ecologistas y juveniles, hemos presentado conjuntamente una serie de propuestas para tratar de mejorar su contenido. Los aspectos considerados en nuestras alegaciones proponen establecer objetivos específicos de descarbonización y de mejora de la calidad del aire en las ciudades; mayor incidencia en la eficiencia energética, la movilidad activa y la multimodalidad; apostar de forma más decidida por el desarrollo del transporte público y su financiación; incluir medidas concretas de transición justa y trabajar el concepto de pobreza en el transporte; y, por supuesto, mejorar el planteamiento que se hacía de los Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo. Pero, como vamos contra reloj, la incorporación de mejoras se ha relegado al proceso de enmiendas en el Congreso. Y ahora, la enmienda a la totalidad supone tener que celebrar un debate y superar una votación que determinará si el proyecto de ley sigue adelante, retrasando todavía más la fase en la que los grupos deben trabajar las enmiendas parciales al texto.
Desde la UGT-PV consideramos que poner palos en la rueda de la aprobación de esta ley hace que perdamos la oportunidad, no solo de optar a la financiación europea, sino de avanzar hacia una transición ecológica de la movilidad eficiente e inteligente, la cual es, sin duda, la única alternativa que tenemos para poder hacer frente a la emergencia climática.