Ayer, 12 de mayo, en Mislata, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha instado a los municipios a adoptar el modelo de Ordenanza Municipal Abolicionista elaborado en el marco del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución que protege a las mujeres y multa con hasta 3.000 euros a quienes demanden sexo pagado, así como a los intermediadores y los locales donde se ejerza esta "forma de violencia de género".

La consellera ha presentado este jueves el modelo de ordenanza en un acto en Mislata junto a su alcalde, Carlos Fernández Bielsa, y el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, y ante una veintena de alcaldes de toda la Comunitat Valenciana junto con representantes de la Universidad, Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, sindicatos, asociaciones de mujeres y otros representantes de la sociedad civil.