La FSP-UGT del Ayuntamiento de Gandía pide de nuevo responsabilidad al Gobierno Municipal para buscar una solución negociada al conflicto de las Escoletas Municipales

Tras una sentencia que declara nulo el despido de doce trabajadoras y obliga a su readmisión además del pago de los salarios de tramitación, la FSP-UGT pide al Gobierno Municipal sentarse conjuntamente para encontrar una solución negociada al conflicto de las Escoletas Municipales.

En su día advertimos al Gobierno Municipal de la ilegalidad de los despidos propuestos dentro del marco del Plan de Ajuste Financiero del Ayuntamiento de Gandia, y fuimos el único sindicato que votamos en contra de todos y cada uno de los despidos, de las Escoletes y de todos los demás compañeros del Ayuntamiento, por entenderlos innecesarios, injustos e ilegales.

Somos los únicos que hemos defendido el empleo y los servicios públicos como garantía de los ciudadanos de Gandía. Cuando desaparece un empleo publico, los ciudadanos son un poquito más pobres en servicios y garantías. Despidos innecesarios y despidos injustos porque como todo el mundo sabe, el Sr. Torró se comprometió públicamente en la Casa de la Marquesa que si el déficit anual de las Escoletas Municipales bajaba del más de millón de euros de coste a solo 150.000 el servicio seguiría siendo público. La UGT en solitario tras arduas negociaciones con padres y trabajadoras presentó la propuesta al Gobierno Municipal que cumplía con todas sus exigencias en reunión conjunta con padres, sindicatos y el propio Gobierno Municipal con el Alcalde a la cabeza, y nunca más se supo.

La propuesta de la UGT permitía la continuidad del servicio de las Escoletas infantiles con un coste anual de 150.000 euros anuales y sin despido alguno. La privatización del Gobierno del PP cuesta a los ciudadanos de Gandia 500.000 euros. ¿Por qué? ¿Por qué el Sr Torro incumple su palabra y adjudica a una empresa privada un servicio que es tres veces más caro que la alternativa propuesta por la UGT?

Por otro lado, el presupuesto del Ayuntamiento de Gandia para el año 2012 baja en el capitulo I de personal 1.700.000 euros….y se incrementa en el conjunto del presupuesto en 8.763.000 euros. ¿Cómo se interpreta esto?

Desde la UGT entendemos que el Gobierno de la ciudad se ha gastado el sueldo de los trabajadores ilegalmente despedidos en eventos, saraos y publicidad. ¿Dónde esta la austeridad y la buena gestión si el presupuesto del año 2011 al 2012 sube en casi 9 millones de euros?

El juez lo tiene claro, y condena, en una primera sentencia, entre otras cosas al Ayuntamiento de Gandia por mala fe negocial. Se negoció de cara a la galería sin voluntad alguna de llegar a acuerdos y por eso le condena. Además condena al Ayuntamiento por despedir a las trabajadoras pisoteando sus derechos al negarles la subrogación a la nueva empresa. Si deciden privatizar ¿Por qué no subrogan a las trabajadoras, ignorando olímpicamente sus derechos?

También condena al Ayuntamiento porque no sigue el procedimiento establecido legalmente del ERE para despedir a las trabajadoras. El Ayuntamiento incumple por tanto de forma flagrante, en el fondo y en la forma, la ley y por esa mala gestión son condenados los ciudadanos gandienses a pagar algo más de 300.000 euros de momento, porque quedan varios juicios pendientes por esta misma causa.

Son innumerables las ocasiones en que hemos advertido, en público y en privado, al Gobierno Municipal de su error, de la necesidad de sentarse a negociar por el bien de las trabajadoras y de la ciudad, sin respuesta, dejándonos tan solo la vía judicial para la defensa de los intereses de los trabajadores. Y de nuevo hoy, otra sentencia del TSJCV, más explícita y dura si cabe que la anterior, nos vuelve a dar la razón en todos y cada uno de nuestros argumentos. La nueva sentencia desestima todos los argumentos del Ayuntamiento de Gandia y se ratifica en la ilegalidad de los despidos considerando un fraude el despido de las trabajadoras alegando la privatización de las Escoletes, puesto que el servicio se ha venido prestado de forma ininterrumpida en los mismos locales del Ayuntamiento. Y añade en su Fundamento de derecho segundo que “se aprecia la innecesariedad de la amortización de los puestos de trabajo, cuando los afectados corresponden a un servicio municipal cuya gestión se externaliza, adjudicándola a una empresa” …..”ignorando el derecho de los empleados que con anterioridad a la adjudicación prestaban servicios en la misma”. Por tanto, condena al Ayuntamiento de Gandia a la inmediata readmisión y al pago de los salarios de tramitación, costos que suman casi 1.000.000 de euros y siguen subiendo a razón de cerca 50.000 euros mensuales.

Creemos que la sentencia del TSJCV es meridianamente clara, y le pedimos al Sr. Torró que se siente con la UGT para aplicarla de la forma más beneficiosa para todos. Se lo pedimos en todo momento. Se lo reiteramos tras la primera sentencia, que le cuesta a los ciudadanos de Gandia más de 200.000 euros. Se lo volvemos a pedir cuando tras esta segunda sentencia, el coste para los ciudadanos de Gandia es de más de 1.000.000 de euros, que esta vez el Ayuntamiento tendrá que depositar en cuenta o avalar si pretende recurrir. Deje la soberbia y la irresponsabilidad a un lado Sr. Torró y resolvamos un conflicto que nunca tuvo que existir.  Seguir recurriendo la sentencia hasta llegar al Tribunal Supremo sería un disparate jurídico y un suicidio económico que ni las trabajadoras ni los ciudadanos gandienses merecen.
Si usted recurre Sr. Torró, estará reconociendo su incapacidad para solventar los problemas de la ciudad, los errores de su gestión, dejando a futuros gobiernos municipales un problema agigantado por un orgullo mal entendido. Una vez más, desde la responsabilidad, reiterar nuestra voluntad al Gobierno Municipal para que desde la negociación y el respeto a los trabajadores resolver el conflicto de las Escoletes de Gandia.