FITAG UGT-PV pide que se acelere el Plan de Empleo de las zonas rurales
La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios del País Valencià, FITAG UGT-PV, ha solicitado a la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, que acelere la puesta en marcha del Plan de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas para que los ayuntamientos del País Valencià puedan ejecutar ya sus proyectos.
El secretario nacional del Sector Agrario de FITAG UGT-PV, Manolo Bono Donat, señaló que la delegación del Gobierno debería agilizar la puesta en marcha de un plan que lleva un retraso alarmante y donde más de 5000 trabajadores y trabajadoras del País Valencià no están teniendo trabajo en una época del año sin actividad y que podrían paliar esa falta de ocupación con un mes o más de trabajo, con los consiguientes ingresos económicos así como su cotización.
Estos fondos han sufrido una paralización en su aceptación y concreción de la cantidad correspondiente que ponen en serio peligro el buen fin para el que están destinadas.
El retraso actual pone en alerta a UGT, ya que no se entiende que no se vayan adelantando ni comunicando ningún aspecto relacionado con los fondos, tan sólo su partida presupuestaria, además de poner en peligro el buen fin para el que se crearon las ayudas a paliar la pérdida de empleo agrario. Esta subvención se reparte entre los municipios que posean desempleados agrarios en épocas que no tienen ocupación en su trabajos profesionales (recolectores, actividades agropecuarias, manipulación de productos agrícolas…) la ser trabajadores y trabajadoras de temporadas, y su fin es paliar la pérdida de trabajo con un complemento de rentas derivadas de una actividad en épocas sin actividad y que obtienen un salario y la cotización correspondiente, dejando de consumir prestación por desempleo, ya sea contributiva o asistencial, en su caso. En años anteriores, además de ya conocer las cantidades económicas destinadas para estas contrataciones, ya se estaban reuniendo a los Consejos Comarcales para la gestión concreta de las obras a realizar por lo distintos Ayuntamientos, y en este año, donde además de darse la misma necesidad de trabajo y rentas de las personas que se pueden acoger a éstas ayudas, estas trabajadoras y trabajadores se han visto afectadas y afectados por las pasadas heladas del mes de febrero, que han conllevado directamente la finalización más temprana de las campañas correspondientes.
Este retraso supone que las obras con fin agrícola y medio ambiental que deberían haber empezado a principios del mes de junio y alargarse hasta el mes de octubre sufran un serio retraso y deban ser gestionadas en un espacio de tiempo menor con el consecuente perjuicio para los beneficiarios y beneficiarias (las personas contratadas), así como para los Ayuntamientos correspondientes. De continuar ésta situación vendrán las ayudas cuando los trabajadores y trabajadoras inicien las distintas campañas, dejando de ser destinadas al colectivo que les corresponden.
El Plan de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas, tiene más vigencia en estos meses que son un período inactivo, que no en los meses en los que se incrementa la oferta de trabajo con la recolección de los cítricos o caquis.
Desde UGT consideramos que el Plan ya ha superado los consejos comarcales, los consejos provinciales e, incluso, el consejo regional, por lo que sería conveniente que hubiera celeridad en la comunicación a los ayuntamientos.
Es lamentable, que tras haberse reunido los distintos consejos, así como realizado todos los trámites y gestiones los distintos organismos participantes en el control y puesta en práctica de estas ayudas, tanto Servicio Público de Empleo Estatal, Servef, Ayuntamientos, así como los sindicatos, nos encontremos en esta situación donde se han realizado las distintas selecciones de trabajadores y trabajadoras, así como las memorias de las obras a ejecutar, y los municipios no puedan contratar a los desempleados y desempleadas agrarios y agrarias.
Desde la Administración central se ha señalado que el Plan llega tarde a causa del retraso que se ha producido en la aprobación de los presupuestos Generales del Estado por lo que, este año, junto con el de haberse aprobado la partida presupuestaria con dos meses de retraso respecto de años anteriores, supone que es necesario un esfuerzo mayor y más rápido.