El pasado viernes, día 20 de mayo, tuvo lugar en los locales del Servicio Público de Empleo Estatal de Valencia, la reunión ordinaria de los Consejos Comarcales, donde la UGT cuenta con un miembro representando el Consejo Comarcal de Alzira.

En dicha reunión se realizó un análisis y valoración de los distintos proyectos de interés general y social presentados por los distintos Ayuntamientos al amparo de la subvención estatal de colaboración con las zonas rurales deprimidas (fondos AEPSA), con los que se intenta paliar la falta de ingresos económicos e incrementar las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo y encuadrados en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS).  Éste año se han visto incrementadas las aportaciones realizadas desde el Gobierno central en más de un 2,79% respecto del año anterior, incremento muy positivo en vista de la situación económica actual. Para los municipios que conforman el conejo comarcal de Alzira, el crédito asignado asciende a un total de 2.385.108,00 €.

Los aspectos generales que deben cumplir los proyectos han de ser de duración máxima de tres meses, aunque con criterio general, se indica, que existen municipios que por su elevado número de trabajadores y trabajadoras del REASS, se reduzcan dicha duración a periodos más reducidos para elevar el número de personas beneficiadas por dichas ayudas estatales; y que finalicen antes del 30 de septiembre.

En lo que los distintos proyectos realizados, se encontraron las siguientes incidencias dignas de mención.

En el caso de la memoria de Alfarp, municipio con elevado paro agrario, y donde el proyecto va a beneficiar a sólo siete trabajadores o trabajadoras, seis contratados durante tres meses, y otro, va a estar en situación de alta durante un solo mes. Éste municipio cuenta con un importante volumen de trabajadores del REASS, pero en la actualidad están trabajando en la campaña de la fruta, la cual finalizará en unos días, por lo que desde UGT no entendemos el interés del Ayuntamiento en realizar las actuaciones correspondientes al proyecto presentado con tanta prontitud, cuando se debería repartir la asignación económica en un mayor número de personas, reduciendo la duración de las contrataciones, y esperándose unas semanas para que todos los trabajadores y trabajadoras del REASS puedan verse beneficiados por dichas ayudas.

En el caso de Carcaixent, el proyecto presentado es para una contratación de un total de 36 personas desempleadas, durante dos meses y medio, con lo que sucede en parte como en el caso anterior, si se redujera la duración de la contratación, muchos más vecinos y vecinas afectadas por el desempleo del sector agrario podrían tener un contrato de trabajo durante los meses de inactividad, y por tanto, mejorar sus ingresos económicos.

El proyecto de Tavernes es para contratar a 34 personas durante tres meses. Tanto Carcaixent como Tavernes, son municipios que durante los meses estivales, cuentan con un gran volumen de trabajadores agrarios desempleados.

Y en el caso de Benifaió, donde se solicitaron y asignaron en el reparto correspondiente un total de 83.629,00 €, no se ha presentado ningún tipo de proyecto para consumir dicha subvención, por lo que cerca de 40 familias del municipio se van a ver desprovistas de un contrato de trabajo durante los meses de verano, donde podrían paliar de manera muy significativa, la perdida de jornadas de trabajo para posibles prestaciones de la Seguridad Social, además de tener unos ingresos económicos, que en vista de la actual situación, a buen seguro beneficiarían a todos los trabajadores y trabajadoras que por decisión del consistorio, no trabajarán.

Desde UGT consideramos que los Ayuntamientos han de beneficiar a todos sus vecinos, y el elaborar proyectos con unas contrataciones de tres meses, solo beneficia a unos pocos de los que potencialmente se podrían contratar. Además de ello, todo consistorio, conoce la realidad de sus trabajadores, conocen los periodos de mayor desempleo agrario, y el actuar en contra del beneficio común, puede dar a entender otras intenciones.

Además de ello, UGT ya manifestó en la reunión del pasado viernes, que controlará toda actuación de los Ayuntamientos que no convoque a UGT para participar en las distintas baremaciones, así como cuando se den situaciones sospechosas, como sucedió el pasado año con algún municipio, que se negó a enseñar la documentación correspondiente de los trabajadores baremados.