19 de junio de 2008

 La UGT-PV ha celebrado hoy, en el Centro de Congresos de Elx, el último de una serie de actos en los que el sindicato ha conmemorado el XX aniversario de su constitución en la autonomía con una jornada en la que se ha analizado y debatido sobre la situación actual del estado del bienestar y de los servicios públicos esenciales, tanto en la comarca como en la Comunitat Valenciana.

La jornada fue abierta por la secretaria general de la Unión Comarcal Baix Vinalopó-Vega Baja, María Gracia Aguilera quien destacó en su intervención que la defensa y la promoción de los servicios públicos y el estado del bienestar son elementos fundamentales en todos los procesos de diálogo y concertación social. Por ello, lamentó las carencias que actualmente padece la ciudadanía de la comarca, tanto en todo lo relacionado con la sanidad, como en la educación o los servicios sociales, donde destaca la no aplicación de la conocida como Ley de Dependencia. Así, manifestó que esta jornada conmemorativa de los 20 años de constitución de la UGT-PV que coinciden con los 120 años de la UGT, debe de servir a los cuadros del sindicato para conocer mejor la realidad comarcal en estos aspectos para mejorar la acción sindical de la UGT y poder transmitir estos conocimientos a los trabajadores y trabajadoras.

A continuación, Antonio Torres, diputado del grupo parlamentario socialista en Les Corts Valencianes y portavoz de política social y de empleo, ofreció una conferencia en la que repasó los avances sociales alcanzados desde la década de los ochenta con la aprobación de la ley de sanidad y de educación y reseñó que, desde entonces hasta la aprobación de la llamada Ley de Dependencia, no se había producido un avance tan importante en el fortalecimiento del estado social, del cual todavía no podemos apreciar la dimensión y alcance que conlleva esta ley. Pese a ello, lamentó que en la comarca y en la Comunitat no se esté desarrollando como debiera, ya que el dinero adelantado por el gobierno central no llega a los municipios que son quienes finalmente darán el servicio a los ciudadanos y comparó la situación en la Comunitat con las de otras autonomías que han adelantado mucho la aplicación de la Ley. Finalmente, lamentó la privatización de los centros de atención a mayores de la red de servicios sociales que han pasado de cooperativas a ser semiprivados o privados, sin que se haya abierto ninguno nuevo, ni en la comarca, ni en la Comunitat.

Tras una pausa, Francisco Carrasco, de la sección sindical de la UGT en el Hospital Universitario de Elx, Marisol Díez, jefa de la sección de programas de bienestar social del Ayuntamiento de Elx y Trino García Rodríguez, miembro de la Junta de Personal de Alicante por la Fete-UGT-PV analizaron en mesa redonda la problemática de los servicios públicos en la comarca.

Carrasco calificó la sanidad pública como un derecho universal y a la salud como uno de los bienes más claros, sensibles y entendibles por la ciudadanía y que como servicio público esenscial contribuye a desarrollar la igualdad, la justicia y la solidaridad, como se ha demostrado en las distintas plataformas que se han creado para defenderla tras la creación de los hospitales de gestión privada en Torrevieja y en Elx. Para Carrasco la comercialización de la salud supone finalmente recortes en la tecnología que se usa en los centros, menos servicios y descenso en la inversión en I+D+i. Asimismo, comparó la renta destinada en cada autonomía para la salud, donde la Comunitat se haya a la cola y la comarca a la cola de la misma, así como las camas por habitantes, donde ocurre algo similar y el número de facultativos que es la única variable donde se mantiene un nivel aceptable.

Por su parte, Díez repasó la situación en la ciudad de Elx en sus distritos y áreas sociales, donde el ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo para llegar a todos los habitantes, y puso como ejemplo la asistencia a domicilio en la que la ciudad es pionera y un referente estatal. Por otro lado, denunció la no aplicación de la Ley de Dependencia en Elx, ya que de 2.000 solicitudes sólo se ha aprobado una, lo que indica claramente que se están poniendo todas las dificultades posibles para cubrir las necesidades de las personas en situación de dependencia, además falta personal evaluador, y los que hay no son trabajadores sociales.

García cerró la mesa defendiendo la labor de la educación pública, la necesaria ampliación de sus plantillas y mejora de sus equipamientos, por ejemplo hay lugares donde los barracones duran ya ocho años. Este desbarajuste está dañando claramente a las educación pública en su prestigio y revaloriza el colegio de "marca". Además, la inmigración no está integrando por igual en la esuela pública que en la privada y concertada con lo que la diversidad curricular recae en la pública que encima de estar mal financiada ha de soportar estos gastos adicionales y para los que no se dota. Asimismo, declaró que es preciso desarrollar la autonomía de los centros, ya que son éstos los que mejor conocen la realidad social en la que se desarrolla su labor.

Por último, Rafael Recuenco, secretario general de la UGT-PV aprovechó la clausura de la jornada para recordar que el movimiento sindical no va a permitir el incremento de la flexibilización en el mercado laboral para salir de la situación económica actual, ya que a lo largo de estos años se ha demostrado que no es cierta la vieja cantinela de que los salarios tienen que moderarse para que la inflación no se dispare. Por ello señaló que ya está bien de que desde el consell se pida a los trabajadores y trabajadoras que se aprieten el cinturón, mientras no lo hace a todo aquellos que tanto dinero han ganado cuando las vacas eran tan grandes.

Asimismo, Recuenco desmintió las declaraciones del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, García-Antón en las que afirmaba haber alcanzado un acuerdo para un pacto por la vivienda dentro del proceso de diálogo social abierto entre los agentes sociales y económicos y el Consell, calificándole de ligero en sus declaraciones, por lo que ha exigido al presidente de la Generalitat que ponga orden dentro de su gobierno en una materia tan sensible e importante como el diálogo y la concertación social.