La UGT denuncia que la Diputación evita constituir la comisión contra el acoso laboral

2 de febrero de 2006

La Diputación evita desde hace más de un mes la convocatoria de una comisión para combatir el acoso laboral prevista en el último convenio colectivo firmado por los sindicatos y el equipo de gobierno del PP. La petición realizada por UGT a finales de 2005 después de haber detectado varios casos ha caído, de momento, en saco roto. El bloqueo de los populares a la creación de este órgano laboral sale a la luz tras conocerse que un informe médico certifica que la baja del letrado jefe provincial, José Ortiz Ríos, está motivada por un cuadro clínico de mobbing, asunto sobre el que los socialistas volverán a exigir explicaciones durante el pleno ordinario de la corporación provincial que se celebrará hoy.

El nuevo convenio colectivo de la Diputación firmado el pasado verano recoge, de forma explícita, la creación de una comisión para combatir el mobbing, una vez que esta situación quedó tipificada, recientemente, por ley. Sin embargo, en diciembre de 2005, seis meses después de la rúbrica del acuerdo laboral, la Diputación todavía no había convocado esa nueva comisión. La UGT, tras detectar varios casos, optó por reclamar su creación e, incluso, llevó la cuestión a un pleno del comité de salud y seguridad laboral.

 Hasta ahora, la Diputación ha evitado la constitución de esta comisión que, en la práctica, debía centrar sus esfuerzos en la elaboración de un protocolo de actuación y de medidas urgentes para atajar los casos de mobbing. Y todo ello a pesar de que era conocedora de que la baja del letrado jefe provincial se correspondía con un cuadro clínico de acoso laboral. De hecho, uno de los informes médicos que certifica el estado de salud de José Ortiz Ríos está fechado, precisamente, a principios de enero.

 El letrado jefe provincial compatibilizaba su puesto en la corporación provincial con el de abogado del alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, seguidor del presidente Francisco Camps y enfrentado en la lucha orgánica e institucional del PP al máximo responsable de la Diputación, José Joaquín Ripoll. En el pleno ordinario de enero, apenas cinco días después del informe médico que justifica la baja de Ortiz Ríos por acoso laboral, el vicepresidente José López Garrido, superior directo del abogado provincial, anunció un cambio de la normativa interna para forzar al letrado jefe, al que con esa modificación se asignará un complemento por dedicación exclusiva, a abandonar su puesto en la institución provincial -que ocupa en comisión de servicios y por el que actualmente cobra unos 52.000 euros anuales- o, de lo contrario, a dejar la defensa del alcalde de Torrevieja.

0
0
0
s2smodern