El paro da una ligera tregua en el mes de junio en Castellón, aunque no supone un cambio de tendencia en la destrucción de empleo.

Paro Junio 2012La UGT valora positivamente la reducción del número de desempleados del mes de junio en 1.643 personas, lo que supone un 2’52% menos que el mes anterior y sitúa la cifra de desempleados en 63.507 personas. Esta reducción del número de desempleados se produce en todos los sectores de actividad económica excepto en el agrícola  y de forma más acusada en el sector servicios en el que el número de desempleados se reduce en 1.221 personas, lo que supone el 74% de la reducción. Evidentemente estos datos están motivados por el inicio de la campaña estival que habitualmente tiene un impacto en el incremento del volumen de contratación en el sector servicios y especialmente en el subsector de hostelería.

Lamentablemente este dato positivo tiene como contrapartida el de que la mayor parte de este empleo es de carácter temporal y de corta duración, por lo que es previsible que al finalizar la campaña veraniega se produzca un nuevo repunte del número de desempleados. Los datos de contratación así lo confirman al constatar que de los 13.360 contratos formalizados en el mes de junio, 1.2265 contratos que suponen el 91’80% del total son contratos temporales.


Así mismo desde la UGT queremos manifestar nuestra preocupación por el hecho de que el número de beneficiarios de prestaciones en el mes de mayo se sitúa en tan solo 40.742 desempleados,  un 62’54% del total de desempleados de ese mes, confirmándose un trasvase de beneficiarios de la prestación por desempleo al subsidio de desempleo, fruto del incremento del número de parados de larga duración en nuestra provincia.

En definitiva, estos datos suponen una pequeña tregua que mitiga ligeramente el problema del desempleo en nuestra provincia, pero que a tenor de las cifras y el contexto en que se produce no supone un cambio de ciclo en la situación económica y de empleo en nuestra provincia. Para UGT, son imprescindibles políticas que protejan a las personas y, por ello, considera fundamental un cambio en la política económica del Ejecutivo Estatal y Autonómico, dirigido a la recuperación del crecimiento y del empleo y asentado en una mayor cohesión social, en vez de asentarse por la vía del gasto público y del recorte de los servicios y prestaciones básicas.

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