La UC Plana Alta-Maestrat-Els Ports celebra el IV Comité Comarcal

La Unión Comarcal ha celebrado esta mañana el IV Comité Comarcal Ordinario en el que ha realizado un análisis de la situación actual desde el punto de vista de la realidad  socioeconómica y del empleo.

El comité comarcal ordinario de la UGT Unió Comarcal Plana Alta-Maestrat-El Ports manifiesta en primer lugar su preocupación por la situación del desempleo en las comarcas castellonenses, que al finalizar el año se sitúa en cerca de 60.000 desempleados y desempleadas según los datos del S.P.E.E. y 79.000 según la EPA del 3er. trimestre de este año. El desempleo se ha convertido en el principal problema de los castellonenses, castigando  a todos los colectivos, pero especialmente a jóvenes y mujeres.

Nuestra provincia ha pasado de ser en estos años una tierra de acogida, fruto de un mercado laboral en situación de pleno empleo, a un territorio que por primera vez en mucho tiempo exporta mano de obra hacia otras zonas de nuestro país que ofrecen mejores oportunidades para nuestros conciudadanos, como lo constata el hecho de que en el periodo de enero a septiembre del presente año a Castellón han llegado 19.393 trabajadores y han salido 20.307.

Esta fenómeno, nuevo en nuestra provincia, no se produce tan solo debido al elevado número de desempleados y desempleadas, sino  fundamentalmente al hecho de que miles de desempleados han agotado sus prestaciones y subsidios por desempleo y ya no perciben ningún tipo de ayuda, como lo confirma el dato de que la tasa de cobertura por desempleo en nuestra provincia se situara el pasado mes de octubre en un 60%, lo que significa que tan solo 6 de cada 10 desempleados tiene algún tipo de protección social, mientras que esta misma cifra se situaba en 9 de cada 10 al inicio de la crisis. La UGT desea expresar su extrema preocupación por este dato, que nos tememos, se verá incrementado en los próximos meses habida cuenta de que las perspectivas desde el punto económico y del empleo no auguran un cambio de tendencia en positivo.

Ante esta situación  la UGT sigue considerando  que la actual política de ajustes desarrollada por el anterior gobierno central ha supuesto un  lastre para la recuperación económica y la creación de empleo, por lo que instamos al nuevo gobierno de la nación a un cambio en la orientación de las políticas económicas, dirigiendo todo el esfuerzo de sus políticas a la creación de empleo.

Así pues, es necesario reorientar las políticas de gasto, racionalizándolo, pero manteniendo niveles de inversión pública que sirvan de elemento dinamizador de la actividad económica, que permitan incrementar los niveles de confianza, para lograr así reactivar la inversión empresarial y elevar el nivel de consumo privado. Al tiempo que se hace imprescindible una reforma financiera que permita flujos de crédito para las empresas y los consumidores, sin los cuales es imposible garantizar una salida rápida de la crisis. En la actual coyuntura el acceso a crédito es la verdadera prioridad, y no la anunciada reforma laboral o la reforma de la negociación colectiva, medidas que se ha constatado que han tenido un nulo impacto en la generación de empleo.

Nuestra provincia sufre de forma más notoria la crisis por su excesiva dependencia del sector de la construcción, por ello debe hacer frente además a un arduo proceso de diversificación económica, apostando por nuevos sectores de actividad tanto de tipo industrial como de servicios. Debemos ser capaces de seguir produciendo productos vinculados al sector de la construcción y al mismo tiempo abrirnos a nuevas actividades de desarrollo industrial e incorporando mayor valor  añadido al sector servicios, principalmente al sector turístico, un sector en el que nuestra provincia no ha  explotado aún todas sus posibilidades.

Ante esta realidad, y tras más de tres años de crisis, las administraciones públicas no pueden bajo la justificación del ajuste del déficit público proceder a un recorte en los niveles de protección social o en los recursos destinados a garantizar nuestro  sistema de bienestar público.

La actual coyuntura nos  reafirma en la necesidad de fortalecer los servicios públicos como elementos de cohesión social y de protección frente a los avatares de la crisis. Solo garantizando una sanidad, una educación y una protección a las personas dependientes de calidad y desde el sector público fomentaremos una salida de la crisis más eficaz y más igualitaria, impidiendo que muchos ciudadanos se queden en el camino. Por ello la UGT desea mostrar su preocupación por los anuncios de medidas que a nuestro juicio suponen  precarizar la educación, la sanidad pública u otros servicios de interés público tanto por la vía de la reducción de empleados públicos como por la precarización de los servicios prestados, así como por los continuos incumplimientos en los compromisos de gasto en determinados servicios públicos que ya está afectando de manera evidente a la calidad en la prestación de los mismos. Estamos de acuerdo con introducir mecanismos de racionalización del gasto público e introducir criterios de eficacia y eficiencia en la gestión de los servicios públicos, pero en ningún caso en utilizar estos argumentos para convertir la gestión de los servicios públicos en un negocio privado.

La UGT espera  que en las próximas semanas se agilicen  los procesos de negociación colectiva abiertos en nuestra provincia, por lo que  vamos a realizar los esfuerzos necesarios para que dichos convenios se cierren a la mayor brevedad posible garantizando un marco estable de relaciones laborales. Nuestra organización entiende que la negociación colectiva puede jugar un papel fundamental para facilitar la salida de la crisis, pero ese papel ha de asentarse sobre la premisa de un marco laboral y de negociación colectiva que garantice un equilibrio entre las pretensiones empresariales y los legítimos derechos de los trabajadores.

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