Los datos del paro del mes de octubre confirman el estancamiento del mercado laboral en la provincia de Castellón

Los datos conocidos hoy que sitúan el número de desempleados en 60.135 personas confirman la situación de atonía y parálisis que vive el mercado laboral de la provincia de Castellón, que por tercer mes consecutivo vuelve a perder empleo, sin que las perspectivas a corto plazo indiquen un cambio de tendencia.

Este datos, extremadamente preocupantes, confirman que la política de ajustes presupuestarios seguida por la Unión europea y aplicada a rajatabla por el gobierno central y los gobiernos autonómicos es una política suicida que nos lleva a un estancamiento de la actividad económica y a empeorar las posibilidades de salir de esta situación de crisis en el corto plazo.

La provincia de Castelló, que lleva sufriendo desde hace más de tres años un proceso brutal de pérdida de empleo, necesita un impulso de su actividad económica que en estos momentos tan solo puede venir desde la administraciones públicas, redefiniendo las políticas de gasto y orientándolas al estímulo de la actividad productiva, unido a una necesaria reforma fiscal, a una recuperación del crédito a familias y empresas y a una apuesta por el Estado del Bienestar, que conllevarán la recuperación de la actividad y el crecimiento económico y, con ellas, la recuperación del mercado de trabajo.

La única forma de crear empleo es recuperando la actividad y el crecimiento económico, por lo que desde la UGT consideramos  que las políticas que se están llevando a cabo no sólo son erróneas, sino que nos hunden cada vez más.

A estas cifras se une el hecho de que de aproximadamente un tercio de los desempleados y desempleadas de la provincia de Castellón no perciben ningún tipo de prestación y según los datos de la EPA 22.700 viviendas familiares de las 222.700 de la provincia de Castelló tiene a todos sus miembros desempleados , y en 11.700 de ellas ninguno de sus miembros percibe algún tipo de prestación o subsidio, lo que nos reafirma en la necesidad de mantener las políticas de protección social.

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