Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT valoran de forma positiva el seguimiento de la huelga general en Castellón

Los sindicatos CSIF,  CCOO y UGT han valorado de forma positiva el seguimiento de la huelga general del sector público en la provincia de Castellón a pesar de los servicios mínimos impuestos por diversas administraciones para esta jornada de paro.

Una gran manifestación en la que han participado cerca de 7.000 trabajadores ha cerrado esta jornada reivindicativa en la que más de un 72 % de los empleados públicos han secundado la huelga convocada para hoy y que ha tenido un seguimiento desigual según sectores. En concreto, los datos revelan que en Educación han secundado la huelga el 50 % de los trabajadores; el 86 % de los funcionarios de la Administración Local; el 87 % de Justicia; el 77 % de los empleados públicos de la Generalitat, el 73 %  de Sanidad y el 60 %de los de la Administración General del Estado.

 

 

 

 

 

 

 

 



Los responsables sindicales de CCOO, CSIF y UGT consideran que será difícil medir el éxito del paro debido a los servicios mínimos impuestos por las administraciones, aplicados de forma unilateral y que han sido abusivos, ya que en algunos sectores tiene que haber más gente trabajando hoy que en una jornada laboral normal. Por esta razón, según los sindicatos, los ciudadanos que se han acercado hoy a algún centro de las administraciones púbicas han podido percibir una sensación de normalidad.

En este sentido, los sindicatos entienden que creen que se hubiese podido conjugar el derecho a la huelga y garantizar los servicios mínimos. Los responsables sindicales han querido agradecer los escritos de apoyo y respaldo a la huelga recibidos de parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no pueden secundar el paro por Ley.

Los trabajadores de la función pública han querido dejar claro con esta jornada de huelga su repulsa y rechazo a las medidas tomadas por el gobierno y que rompen el acuerdo de la función pública suscrito el 25 de septiembre y que suponen una agresión sin precedentes a las conquistas conseguidas”.

 

 

 

 

 

 

 

 


Con su actuación, el Gobierno quiebra este derecho constitucional y pone en cuestión de manera grave la validez y eficacia de los procesos de negociación colectiva en el ámbito de las empleadas y empleados públicos, tratando de enterrar con ello el avance que, en esta materia, supuso la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público.

UGT, CCOO y CSIF entienden que cuestionando el sector público, se está abriendo la puerta a la externalización y la privatización, suponiendo de facto una renuncia expresa al papel que, consideran, deben jugar los servicios públicos y el conjunto del sector en la recuperación económica y en un cambio de modelo productivo.

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