El Consejo Comarcal de UGT Plana Alta-Maestrat-Els Ports rechaza apoya las movilizaciones de los empleados públicos

El Consejo Comarcal de UGT Plana Alta-Maestrat-Els Ports ha rechazado en la reunión de esta tarde las medidas previstas por el Gobierno central para recortar el gasto público y que supondrán una reducción del sueldo de los empleados públicos del 5 % para 2010 y la congelación del salario para 2011. El mismo tiempo, el órgano sindical ha decidido apoyar las movilizaciones que realizarán los empleados públicos contra las medidas anunciadas por el Ejecutivo mañana día 20 de mayo y el próximo 8 de junio.

El Consejo Comarcal lamenta que con esta decisión se incumple el acuerdo de la función pública y considera que responder de este modo a las exigencias de los mercados va a suponer un retraso en la recuperación económica y el crecimiento, al tiempo que generará un incremento del desempleo. Para los miembros del Consejo esta medida afecta, más si cabe, a la provincia de Castellón, que ha sido la zona más castigada por la crisis económica que se inició a finales de 2007.

Por ello, el Consejo entiende que reducir el gasto en pensiones, las retribuciones del sector público y la inversión productiva no es la mejor manera para contrarrestar el déficit público. Desde UGT Plana Alta-Maestrat-Els Ports, se cree que la estrategia más adecuada sería vía ingresos, a través de la recuperación del Impuesto de Patrimonio, la reactivación del Impuesto de Sucesiones, el incremento del IPRF para las rentas más altas, el aumento del IVA a los bienes de lujo y el reforzamiento de la lucha contra el fraude fiscal, entre otros mecanismos. De este modo, se podría evitar el recorte de salarios de los alrededor de 28.000 trabajadores de la función pública en la provincia de Castellón, que además de perjudicar gravemente su poder adquisitivo y su prestigio social, afectará a los niveles de consumo agregado de nuestra economía.

El Consejo ha querido incidir en que esta situación se da en un escenario preocupante, como el de la provincia de Castellón, donde la Generalitat debe asegurar que las casi 13.000 personas, que han dejado de percibir prestaciones, tengan acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía y donde se observa una falta de respuesta por parte del Consell ante la demanda sindical para el necesario cambio de modelo productivo que se requiere para salir reforzados de la crisis.

Por otro lado, el Consejo ha planteado que propuestas como la congelación de las pensiones o la suspensión del régimen transitorio creado en 2007 para el fomento de la jubilación parcial, rompen el consenso parlamentario del Pacto de Toledo y ponen en riesgo las decisiones sobre Seguridad Social sometidas a acuerdo parlamentario.

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