Rocío Barbeito Lojo, portavoz de Aposta Jove
En los últimos días hay dos noticias, a nivel nacional, a las que cualquier persona interesada en los derechos en la era digital ha debido prestar atención: la presentación del informe del Comité de Expertos sobre entornos digitales seguros para la infancia y la juventud, y la decisión de regularizar a miles de repartidores en plataformas como Glovo, poniendo fin al uso de falsos autónomos. Aunque a simple vista estos temas pueden parecer desconectados, en realidad comparten una misma cuestión de fondo: cómo equilibrar la innovación tecnológica con la justicia social y la protección de los derechos.
Durante años, grandes actores del sector digital han defendido que cualquier regulación supone un freno para la innovación. Este mantra, repetido una y otra vez, ha servido para justificar la falta de normativas claras y el vacío legal que muchas empresas han aprovechado en beneficio propio. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario: la regulación no solo no bloquea la innovación, sino que la impulsa hacia modelos más éticos y sostenibles.
El anuncio de Glovo de comenzar a contratar a sus repartidores como asalariados, después de años esquivando la normativa laboral, es un claro ejemplo de cómo las reglas pueden redefinir un mercado. Desde algunos sectores empresariales se argumenta que esta medida desincentivará el crecimiento de las plataformas, pero lo que realmente hace es forzar a las empresas a innovar de forma responsable.
El modelo de los falsos autónomos no era innovación, sino explotación. Regularizar a estos trabajadores no solo garantiza sus derechos laborales, sino que también obliga a las empresas a desarrollar estrategias más creativas y justas para mantener su competitividad. La tecnología puede seguir avanzando sin necesidad de precarizar.
Por otro lado, el informe del Comité de Expertos, presentado recientemente al Consejo de Ministros, subraya la necesidad de regular el entorno digital para proteger a los menores. La regulación en este ámbito no es incompatible con el progreso tecnológico. Establecer límites claros sobre cómo se usan los datos de los menores o regular los algoritmos que alimentan la adicción a las pantallas no significa frenar la innovación, sino redirigirla hacia un desarrollo más ético.
Al contrario de lo que muchos defensores del laissez-faire digital aseguran, las normas no destruyen el potencial del sector tecnológico. Regulares plataformas digitales para garantizar la seguridad infantil, como propone el informe, o exigir la contratación de repartidores, no solo protege a los colectivos más vulnerables, sino que también genera un entorno más competitivo y diverso.
Cuando se establecen reglas claras, las empresas compiten en igualdad de condiciones. Esto no solo evita abusos, sino que también fomenta un ecosistema más dinámico donde las soluciones innovadoras surgen de manera sostenible.
La regulación del entorno digital y la economía de plataformas no es un retroceso, sino un paso necesario para construir un futuro más justo. En el caso de Glovo, las normativas laborales están empujando a la empresa a replantear su modelo. En el caso de la infancia digital, las recomendaciones del Comité de Expertos buscan garantizar que el desarrollo tecnológico no ponga en peligro los derechos fundamentales de los menores.
Proteger a los más vulnerables —ya sean trabajadores precarizados o personas menores de edad expuestas a los riesgos del entorno digital— no frena la innovación. Al contrario, abre la puerta a un progreso que respeta la dignidad humana. Porque avanzar no es solo crear nuevas tecnologías, sino asegurarse de que esas tecnologías benefician a todos y todas, y no solo a unos pocos.
La regulación no mata la innovación. La orienta. Y eso, en una sociedad democrática, no es una debilidad, sino una fortaleza.