El pasado viernes 9 de marzo se llevó a cabo el acuerdo entre los diferentes grupos que componen L’Acord del Botànic para la inclusión de enmiendas en la tramitación de la Ley de Responsabilidad Social, orientadas a estabilizar una situación que afecta a miles de contratos públicos y administrativos y cientos de miles de trabajadoras y trabajadoras.
Ambas organizaciones sindicales saludan la inclusión de sus reivindicaciones laborales, impulsadas por ambas organizaciones tras conocer y valorar el borrador de la ley; las cuales van orientadas a dignificar las condiciones del personal empleado en la prestación de servicios de la Administración Pública Valenciana y destacan la:
Salvaguarda de la calidad en el empleo mediante la obligación de aplicar el convenio colectivo sectorial de referencia de la actividad objeto de licitación por la Administración.
Subrogación directa del personal cuando se produzca un cambio de contrata.
Garantía del establecimiento de una plantilla mínima expresada en número de personas prestatarias del servicio y de las horas establecidas para el óptimo desarrollo.
La entrada en vigor, hoy día 9 de Marzo, de la Ley de Contratos del Sector Público, suponía un paso muy importante para tal fin. No obstante, la ley autonómica de Responsabilidad Social apuesta por dar un paso más para la garantía, estabilidad y calidad en el empleo de las actividades objeto de licitación por parte de la Generalitat, Diputaciones, Administración Local, Universidades y Entidades del Sector Público Valenciano Vinculadas o Dependientes.
Ismael Sáez, secretario General de UGT PV considera que esta ley es un avance frente a la precariedad y la calidad en el empleo de las trabajadoras y trabajadores de las subcontratas, ya que les dota de estabilidad con respecto a la situación anterior.
Ambos sindicatos celebran este acuerdo que impactará de forma muy positiva en sectores intensamente feminizados y expuestos a un riesgo intermitente de empeoramiento de condiciones por la rotación de contratas.
El acuerdo afecta tanto al personal de la limpieza de instalaciones públicas, restauración colectiva, o mantenimiento de instalaciones, playas, seguridad, ambulancias, y múltiples actividades implicadas en el correcto funcionamiento de los servicios públicos.
A partir de hoy la externalización de la prestación de dichos servicios a una empresa privada deberá cumplir con una serie de requisitos de calidad, tanto para las personas usuarias como para el personal que las hace posibles.
UGT-PV y CCOO PV celebran este blindaje para un funcionamiento eficaz y respetuoso que viene a paliar el deterioro experimentado por años de incumplimientos mediante la licitación a la baja de muchas administraciones y de cientos de empresas que trabajan para la Administración en todas sus vertientes.