30 de junio de 2006
Aunque UGT considera que el Proyecto de Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, actualmente en trámite parlamentario, es positivo en su conjunto, alerta de que hay una medida que perjudica de forma importante a buena parte de los asalariados de nuestro país, y que afecta a las retribuciones en especie o beneficios sociales que perciben en aplicación de sus convenios colectivos. Sin embargo, esta norma incluye una medida que perjudica de forma importante a buena parte de los salariados de nuestro país. Esta es la modificación del artículo 79.5 de la ley del Impuesto sobre el ValorAñadido (IVA), que regula los criterios de cálculo de la base imponible de dicho tributo para los casos en ue exista vinculación entre las partes que intervienen en una operación sujeta al impuesto. Esto incluye,entre otros supuestos, las retribuciones en especie que percibe un trabajador de la empresa en la que resta sus servicios a cambio de un precio inferior al de mercado (lo que en muchos convenios colectivosse consideran beneficios sociales). Estas percepciones extrasalariales, al computar como retribuciones del rabajador, también están sujetas al IRPF.
Pues bien, frente al criterio actual, que establece el coste de producción del bien o servicio para la empresa como la base de cálculo del IVA, el Proyecto fija que se realice sobre el valor normal de mercado, que es lógicamente superior.
Puesto que el IVA lo paga el receptor final del bien, este cambio genera un perjuicio evidente para gran úmero de trabajadores que, por acuerdo entre las partes y recogido como contenido de los convenioscolectivos, tienen concertado el disfrute de algunos bienes y servicios en condiciones más favorables que as fijadas para los mismos de forma normal en el mercado, ya que pagarán más IVA sin que aumente elbeneficio real obtenido.
Por último, la aprobación de la citada norma supone una evidente incoherencia en la política tributaria practicada en los últimos años, que ha venido primando la tributación de las retribuciones en especie en elámbito de la fiscalidad directa, mientras que las penaliza, a través del citado proyecto legislativo, en elámbito de la fiscalidad indirecta.
No existe, en el ámbito de las retribuciones en especie o beneficios sociales pactados entre empresa y trabajador, interés por lograr un ahorro fiscal ilícito, ni bolsas de fraude que precisen de unendurecimiento de su tratamiento tributario. El criterio de cálculo del IVA actual (coste de adquisiciónpara la empresa) es, por tanto, adecuado, puesto que permite un trato favorable para este tipo de retribuciones sin perjudicar los intereses públicos.En resumen, el nuevo criterio de cálculo introducido en el Proyecto de Ley de Medidas para laPrevención del Fraude Fiscal, consistente en el valor de mercado del bien o servicio intercambiado:
- supone un mayor coste para los trabajadores, que pagarán IVA por una base superior, sin queaumente el beneficio obtenido pactado con la empresa;
- puesto que la gran mayoría de estas retribuciones o beneficios están incluidos como contenido delos convenios colectivos, la modificación planteada altera los resultados negociados libremente entre los representantes de las empresas y de los trabajadores en el legítimo ejercicio de suautonomía, modificando las condiciones esenciales de la prestación laboral;
- genera un tratamiento distinto e incongruente entre las retribuciones en especie percibidas por eltrabajador a título gratuito y las que obtiene con el pago de un precio inferior al de mercado,perjudicando a éstas últimas;
- además, no soluciona por sí solo el incumplimiento actual de la normativa europea, puesto que elcriterio propuesto también difiere del fijado en la Sexta Directiva comunitaria que regula lasoperaciones sujetas al IVA;Desde UGT, por tanto, consideramos que el texto fijado por el Proyecto de Ley para el apartado cinco del artículo 79 de la Ley del IVA, genera un perjuicio injustificado para los asalariados de nuestro país. Porello, solicitamos que se mantenga el método de cálculo actual de la base imponible del impuesto en los casos de percepciones obtenidas por el trabajador de la empresa en la que presta sus servicios a cambio deuna contraprestación a un precio inferior del establecido en condiciones normales en el mercado.