21 de junio de 2006
La empresa cierra varios centros de trabajo y amenaza a los trabajadores para que abandonen su puesto de trabajo. Un centenar de trabajadores de Cabitel, empresa de telecomunicaciones que gestiona las cabinas de teléfonos de Telefónica Telecomunicaciones Públicas , se han concentrado esta mañana frente a la sede social de Telefónica en Valencia para protestar por la política de personal de la citada empresa que, en los últimos meses se ha dedicado a presionar a varios trabajadores en la Comunidad Valenciana para que abandonen sus puestos de trabajo y evitar así un despido con todas las garantías legales.
Concretamente en la Comunidad Valenciana son 8 los trabajadores sometidos a este tipo de acoso laboral, tres en Valencia, tres en Alicante y dos más en Castellón, quienes han recibido una carta en la que se les comunicaba que la empresa deseaba prescindir de sus servicios, aunque el despido no se produce, creando una situación de inseguridad laboral que en ocasiones ha terminado en bajas por depresión y estrés. Por este procedimiento hasta 15 trabajadores de toda España han perdido su puesto de trabajo, señaló el representante de la Fes-UGT y presidente del comité intercentros de Cabitel, Félix Martín.
Para Martín esta situación puede considerarse como un fraude a la Seguridad Social, ya que en lugar de producirse los despidos conforme señala la legislación vigente, se está generando un clima de desconfianza en el futuro laboral de estas personas, con lo que finalmente se ven abocados a acordar pactos individuales que pueden constituir dicho fraude, al tratarse de un Expediente de Regulación de Empleo encubierto.
Por ello, los trabajadores y trabajadoras que se han concentrado frente a la sede social han exigido el fin de esta política empresarial, que al fin y a la postre, solamente pretende ahorrar costes vía recursos humanos, (cuando factura 222 millones de euros al año) con supuestos planes de choque que esconden un verdadero acoso laboral.
Para Martín esta situación puede considerarse como un fraude a la Seguridad Social, ya que en lugar de producirse los despidos conforme señala la legislación vigente, se está generando un clima de desconfianza en el futuro laboral de estas personas, con lo que finalmente se ven abocados a acordar pactos individuales que pueden constituir dicho fraude, al tratarse de un Expediente de Regulación de Empleo encubierto.
Por ello, los trabajadores y trabajadoras que se han concentrado frente a la sede social han exigido el fin de esta política empresarial, que al fin y a la postre, solamente pretende ahorrar costes vía recursos humanos, (cuando factura 222 millones de euros al año) con supuestos planes de choque que esconden un verdadero acoso laboral.