20 de junio de 2006
 
I Comité Nacional Ordinario de la UGT-P.V. Esta mañana ha tenido lugar el II Comité Nacional de la UGT del País Valenciano, máximo Órgano entre Congresos del Sindicato, que ha concluido sus sesiones aprobando por unanimidad una serie de Resoluciones.
 
En primer lugar, el Comité Nacional ha realizado un análisis de la situación actual, donde constata que si bien la Comunidad Valenciana registra crecimientos del Producto Interior Bruto y del empleo en términos cuantitativos, su evolución en términos cualitativos obliga a matizarlo. El crecimiento del PIB está claramente desequilibrado, la demanda se apoya en el consumo, y la oferta, sobre todo, en los sectores de construcción y servicios. El Comité destaca la negativa evolución del sector industrial, que crece muy por debajo del resto de sectores con su reflejo en el mercado laboral. Así, la tasa de temporalidad crece de forma continua, superando la media nacional y triplicando la media europea, alcanzando la cifra del 37,2% en el primer trimestre de 2006. Por otra parte, colectivos como las mujeres y los jóvenes soportan tasas de desempleo y temporalidad por encima de la media.

Por ello, y, ante la constatación de las múltiples dificultades por las que atraviesa el sector industrial, el Gobierno Valenciano ha de tomar medidas, consensuadas con los agentes sociales y económicos, en el marco del diálogo social y adoptar, al mismo tiempo, decisiones de política económica que proporcionen soluciones y garanticen el futuro de nuestra industria.
 
II Comité Nacional Ordinario de la UGT-P.V.

También, el Comité ha reseñado elementos de incertidumbre como la continua subida de los tipos de interés en un contexto de endeudamiento familiar muy fuerte y de crecimiento de los precios del petróleo, que dificultan un crecimiento sostenido y sostenible en el tiempo. El Comité constata la comprometida evolución de la inflación, por lo que persistirá en la inclusión de cláusulas de revisión salarial en los Convenios Colectivos.
 
El Comité ha abordado los resultados del diálogo social estatal, proceso iniciado con la Declaración de julio de 2004 sobre Competitividad, Empleo Estable y Cohesión social que, sin duda, inauguró un nuevo modelo de diálogo social basado en el diagnóstico, programa y método compartidos entre el Gobierno Central y los agentes sociales y económicos. Desde julio de 2004 esto se ha materializado en el incremento del SMI, la normalización de inmigrantes, la prevención de riesgos laborales, la estabilidad en el empleo y la formación para el empleo, los observatorios industriales, el diálogo social para el cumplimiento del protocolo de Kyoto, la extensión de convenios colectivos, el Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC), el Acuerdo sobre la atención a las situaciones de Dependencia o la Igualdad entre hombres y mujeres; y todo ello, desde una indiscutible perspectiva de mayor igualdad, transparencia y calidad.
Además, se han producido Acuerdos sectoriales con distintas Federaciones Estatales de la UGT que el Comité ha valorado de forma positiva, entre ellos, destaca el llamado Plan Concilia para empleados públicos y el avance histórico del Anteproyecto de Estatuto del Empleado Público; el principio de acuerdo alcanzado con la SEPI sobre la venta de activos de ÍZAR que salvaguarda derechos e intereses de sus trabajadores, y la continuidad de la actividad industrial; o el acuerdo para que los trabajadores agrarios por cuenta ajena, inscritos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, pasen al Régimen General el 1 de enero de 2009.

Por lo que respecta al diálogo social en la Comunidad Valenciana, se observa que sigue arrojando luces y sombras. Luces, por la puesta en marcha de compromisos importantes pactados en la revisión del PAVACE como son la Ley de creación del INVASSAT, los mimbres de la futura Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunidad Valenciana o la virtualidad de la Comisión del PAVACE para encauzar la salida para un acuerdo sobre las retribuciones de los empleados públicos en 2006 y la operatividad de una cláusula de garantía de las mismas; las sombras provienen de la ralentización de otros compromisos como el retraso de la constitución del Observatorio de los sectores productivos o que los técnicos acordados para tareas de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo siguen sin estar contratados, aunque se prevé que su contratación esté próxima, en todo caso, el Comité emplaza y urge al Consell a que cumpla con lo que está pactado y aún no ha cumplido en su totalidad.

Por otro lado, el Comité denuncia la persistencia de los altos índices de siniestralidad laboral e insiste en el compromiso de concienciación, prevención y también en nuestra reafirmación de la denuncia y convencimiento de la doble responsabilidad de la siniestralidad: aquellos empresarios que siguen sin cumplir la normativa y la Administración Autonómica que no vela por hacérsela cumplir, sancionando de manera ejemplarizante, si es el caso.

Además, el Comité valora de forma muy negativa la progresiva degradación del Estado del Bienestar en el País Valenciano y critica las políticas antisociales y privatizadoras del Consell evidenciadas, sin ningún género de dudas, con la comprobación de la realidad de nuestra sanidad, educación o servicios sociales públicos.
 
II Comité Nacional Ordinario de la UGT-P.V.

Asimismo, el Comité rechaza el incesante incremento de las bolsas de pobreza, exclusión y marginación de colectivos como personas dependientes, mujeres, jóvenes, desempleados, discapacitados o inmigrantes, al tiempo que ha criticado las políticas injustas e insolidarias provenientes del Gobierno Valenciano para con ellos.

Por lo que respecta a la reciente Reforma del Estatuto de Autonomía, el Comité quiere poner de manifiesto el sabor agridulce respecto de la reforma pactada, que pese a tener importantes avances en el texto definitivo (lo positivo pesa más que lo negativo), lo cierto es que, además del más que criticable modo de proceder del Presidente de las Cortes Valencianas al elevar consultas interesadas, han quedado también en el tintero otras propuestas que la UGT-PV planteó en forma de carta al propio Presidente de las Cortes Valencianas como podría ser, entre otras, la más que conveniente rebaja del listón electoral.  

El Comité, ante el proceso de reestructuración de RTVE, manifiesta su voluntad de defensa del acceso universal y libre a un servicio público de comunicación social de calidad, adaptado a la etapa digital y multimedia. Para el Comité, sólo el diálogo y la participación de los agentes sociales, las administraciones y las instancias parlamentarias pueden garantizar el futuro de unos medios públicos de comunicación eficientes, independientes, veraces y esenciales para el desarrollo de una sociedad democrática y participativa. El Comité Nacional insta a que, ante el cierre previsto de emisoras del Ente, así como ante la reestructuración de nuestro Centro Regional, se busquen acuerdos en cada Comunidad Autónoma que establezcan un mapa único de prestación del Servicio Público de Radio y Televisión y reduzcan el impacto del Plan de Reestructuración de Empleo presentado por la SEPI.

Asimismo, el Comité ha analizado algunos extremos referidos a la Unión Europea, valorando el impulso que para la misma han supuesto las perspectivas financieras del próximo sexenio aunque, sigue sin contar con los presupuestos suficientes y adecuados que la ampliación requería. El Comité valora de forma positiva la reconducción de la Directiva Europea de Servicios, gracias sin duda y de modo determinante a la presión sindical, pero ha concluido en la necesidad de estar vigilantes al desarrollo de la Directiva Europa de Tiempo de Trabajo para evitar que derechos laborales puedan sufrir un retroceso.   

Respecto a las elecciones sindicales, el Comité valora de forma positiva su evolución y la continua mejora de los resultados de las últimas fechas. Los procesos de elecciones sindicales que están teniendo lugar y que continuarán en 2007, ocuparán en una buena parte la actividad interna del sindicato. Para ello, la UGT-PV utilizará todo su potencial organizativo en aras de conseguir un nivel de representación más elevado aún y poder defender con una mayor eficacia los intereses de los trabajadores y trabajadoras y nuestro modelo social y sindical.