La ley de seguridad ciudadana estigmatiza a quienes ejercen el derecho a la huelga y pone en peligro los derechos fundamentales de la ciudadanía
El 29 de junio Joaquín Bosch, Magistrado y Miembro de la Asociación Jueces para la Democracia; y Gabriela Bravo, Consellera de Justicia y Reformas Democráticas de la Generalitat; participaron en una jornada debate sobre el Derecho a Huelga y a Libertad de Expresión organizada por UGT PV.
La misma ha estado inaugurada por Elvira Rodenas, Secretaria de Relaciones Institucionales de UGT-PV y clausurada por Ismael Sáez, Secretario General del sindicato.
En su intervención Joaquín Bosch ha defendido el Derecho a la Huelga, enfatizando que “vivimos en una sociedad segura, donde los problemas que tenemos no son de seguridad ciudadana, sino de desempleo, precariedad laboral, de acceso a la salud…” en esa línea ha indicado que “la ley de seguridad ciudadana lo que pretende en el fono es limitar el ejercicio responsable de las libertades para dificultar que se escuchen las discrepancias frente a los planteamientos del gobierno”. Al respecto se ha apoyado en el hecho de que según datos del Ministerio de Trabajo el 99% de las manifestaciones llevadas a cabo en nuestro país han sido pacíficas; y ha citado otro dato curioso, “el hecho de que se permita que se tome la vía pública para la celebración de eventos deportivos y que se penalice a la hora de llevar a cabo manifestaciones por la defensa de los derechos y libertades”
Además de ello Bosch ha enfatizado que esta ley es inconstitucional, ya que desde la misma se ponen en peligro los derechos fundamentales de la ciudadanía, lo cual, ha afirmado, “hace pensar que para el gobierno hay unas ideas que valen más que otras”.
En cuanto a las confrontaciones ha mencionado que resulta evidente que “los derechos a huelga, expresión y de manifestación, conllevan elementos de discordia, ya que forman parte de la confrontación propia de las ideas que se da en una sociedad democrática”; por lo que en ese sentido se deben poner las medidas necesarias para que se pueden llevar a cabo sin criminalizarlas, que es lo que ha pasado en los últimos años.
Por otra parte Bosch ha mencionado lo alarmante de que el Código Penal se haya endurecido en estos casos, pero que se haya mantenido prácticamente igual en los caso de corrupción, estando como estamos asistiendo a multitud de casos que demandarían precisamente una modificación legislativa más contundente frente a los casos de corrupción.
Otro de las cuestiones que han salido sobre la mesa ha sido la desproporción de las penas frente a las cuestiones que esta ley tipifica como delito. Por lo que Bosch ha dicho que se necesita proporcionalidad con las penas.
Por su parte la Consellera de Justicia ha encabezado su intervención afirmando que “no quiero que la administración me haga un juicio anticipado”, que es en definitiva lo que se está haciendo con esta ley. Además de ello ha afirmado que “los juristas como personas pueden tener ideologías, principios y valores, y que cuando juzgan deben ser objetivos y cumplir la ley y dado el caso incluso criticarla”.
Por otra parte, la Consellera ha evidenciado el que la Ley de Seguridad Ciudadana ha estigmatizado las personas que ejercen el derecho a la huelga, ha dicho que esta ley nos lleva a tiempos de Primo de Ribera, ya que la misma arranca del código penal de ese momento.
En esa línea ha recordado que si bien el derecho a huelga se reconoce en la Constitución Española con rango de Derechos Fundamental, este no ha sido desarrollado por una Ley Orgánica, y de ahí vienen la mayor parte de los problemas, que se concretan en una falta de seguridad jurídica y que permite un amplio abanico de interpretaciones frente a la misma.
En este sentido en el debate ha surgido también el tema de la diferenciación de las penas en función de qué tribunal sea el que juzgue. Por ello ha dicho, las normas deben ser muy claras para evitar que los jueces se guíen por su ideología, ya que cuanto más clara esté la ley, más difícil es que los jueces puedan cometer arbitrariedades.
En el debate se ha evidenciado además que esta ley ha sido es una herramienta al servicio del poder para acabar con los sindicatos y al respecto la Consellera ha puesto sobre la mesa la necesidad de que el nuevo gobierno que surja después de las votaciones, que no tendrá una mayoría absoluta de derechas, deberá replantearse la derogación del artículo 315 párrafo tercero código penal.