31 de enero de 2005
Los trabajadores del Teléfono de Emergencias (112) de la Comunidad Valenciana desean hacer pública su preocupación por la indefensión en la que se encuentran, ante la posibilidad de ver empeoradas sus condiciones laborales, debido a que la Administración Valenciana ha preferido ceder a las pretensiones de las empresas licitadoras y no ha incluido la subrogación (mantener al personal y su actual situación laboral) en el nuevo pliego de condiciones para este servicio.
El 31 de diciembre de 2005 terminó la contrata con la actual empresa que gestiona el servicio, SERTEL SA del grupo FUNDOSA, lo que implicaba que, desde enero de 2006, la gestión de este servicio debía ser asumida por una nueva empresa, y van tres en seis años. ¿Porqué a fecha de hoy no se ha producido la nueva adjudicación? En el juego para repartirse el pastel de los 14 millones de euros que la Generalitat Valenciana ofrece para la gestión del 112, una de las empresas que optaban al concurso ha logrado paralizar el proceso, al alegar que dicho pliego de condiciones incluye una cláusula sobre el personal que excluye a tres de las cuatro empresas participantes: Atento (Telefónica), MK Plan-21 (FUNDOSA), Grupo Cobra y Grupo GSS. Una situación irregular que la Administración Valenciana hubiera podido evitar incluyendo la subrogación como condición fundamental para gestionar el servicio.
Este “error” en la redacción retrasa la adjudicación de la contrata y deja en una situación de preocupante incertidumbre a los trabajadores y trabajadoras del 112, que cuentan con una amplia experiencia y formación en el servicio. No sabemos cuántos vamos a seguir trabajando en nuestro puesto, si vamos a mantener la categoría profesional, si se tendrá en cuenta la profesionalidad demostrada, nuestra antigüedad en el servicio, y todas aquellas condiciones laborales producto tanto del consenso entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores, como de resoluciones judiciales.
Por último, los trabajadores del 112 en la Comunidad Valenciana queremos hacer constar que todo lo anteriormente explicado refleja, sobre todo, el escaso interés de la Administración Valenciana por conseguir un servicio público de calidad, profesionalizado y dirigido a la atención de la ciudadanía.