23 de enero de 2006
La reforma fiscal debe garantizar los principios constitucionales de suficiencia, equidad y progresividad
UGT reclama al Gobierno un proceso informativo y consultivo sobre la reforma fiscal, que aprobará hoy el Consejo de Ministros, porque la gran mayoría de los afectados, a través de la reforma del IRPF, serán trabajadores asalariados. El sindicato afirma que esta reforma debe promover los principios que la propia Constitución Española recoge de suficiencia recaudatoria, equidad y progresividad, y deberá ser valorada en su momento en función del logro de esos objetivos.
La reforma debe servir para impulsar el modelo productivo que necesita nuestro país (inversiones en infraestructuras, transporte y capital tecnológico) y mejorar nuestro Sistema de Protección Social (Sanidad, Educación y el desarrollo del Sistema Nacional de Dependencia). Por último, el sindicato considera que éste es un momento oportuno para plantear la reforma ya se conocen las perspectivas financieras europeas hasta 2013, año en que serán redefinidas y muy probablemente pasaremos de ser un país receptor de los fondos estructurales a un país que tendrá que aportar dinero a la Unión.
Los desequilibrios actuales de nuestro sistema fiscal, y en especial los existentes en el IRPF, agravados con las reformas realizadas en las anteriores legislaturas, hacen necesaria una nueva reforma fiscal de calado, que debe dirigirse inequívocamente a recuperar los principios definitorios de nuestro modelo fiscal, consagrados de forma explícita en la Constitución: garantizar la suficiencia de la recaudación, la generalidad de las aportaciones y la equidad tanto horizontal (que rentas iguales paguen lo mismo) como vertical (que pague proporcionalmente más aquel que más tiene).
El momento actual resulta adecuado para abordar este proceso trascendente para nuestro desarrollo futuro, una vez conocidas las perspectivas financieras de nuestro país en el seno de la Unión Europea y la nueva asignación de los Fondos Estructurales y de Cohesión, que despejan dudas respecto al flujo de ingresos públicos hasta 2013. No obstante, cabe recordar que el sistema tributario que surja de la reforma proyectada debe tener voluntad de estabilidad en el tiempo, y que en esa fecha nuestro país deberá afrontar una nueva redefinición de nuestro flujos monetarios con la UE, por lo que la suficiencia de la recaudación sigue siendo un valor básico que hay que proteger con especial cuidado.
Además, nuestro país debe hacer frente en los próximos años a un esfuerzo sostenido adicional en las políticas de gasto imprescindible para avanzar en nuestro nivel de desarrollo tanto económico como social. Por ello, el sistema tributario, principal fuente de ingresos de las Administraciones Públicas, debería elevar su potencia recaudatoria para sustentar financieramente las inversiones que precisa el cambio de modelo productivo (infraestructuras, sistema tecnológico, política industrial) y la mejora del sistema de protección social (sanidad, educación, Sistema Nacional de Dependencia).
Igualmente, la reforma, y sobre todo la del IRPF, como el principal impuesto directo que es, debe lograr un aumento de las dosis de equidad tanto horizontal como vertical (progresividad), puesto que en la actualidad el impuesto resulta injusto al estar soportado básicamente por las rentas del trabajo, sujetas a una tarifa progresiva, mientras que otras rentas (de capital y empresariales) tributan a un tipo único o con mecanismos que no reflejan su capacidad real de pago.
Desde UGT consideramos que es posible crear un modelo fiscal que compatibilice el fomento de las actividades productivas, inmersas en un entorno de competencia internacional que no cabe obviar, con el aumento de su capacidad recaudatoria de forma selectiva, incrementando simultáneamente las dosis de progresividad de las aportaciones. El contexto internacional supone una realidad determinante en muchos casos a la hora de plantear medidas con efectos sobre el ahorro y la actividad empresarial, pero en ningún caso puede servir como excusa para recortar paulatinamente el potencial recaudatorio de los impuestos y su progresividad. En este sentido, el debate no es si una figura tributaria (y el modelo en su conjunto) obtiene resultados progresivos o no, sino el grado de los mismos.
El sistema fiscal de un país es una pieza determinante de su modelo social, puesto que define ni más ni menos que quién realiza las aportaciones necesarias para sufragar las políticas de gasto y en qué medida contribuye. Se trata no sólo de un conjunto de instrumentos de política económica, sino de un indicador muy visible para los ciudadanos del grado de justicia económica existente en el país.
Dado que las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros afectan a varias figuras tributarias, es preciso valorar las mismas desde la doble perspectiva individual y global. Para ello, desde UGT reclamamos la apertura de un proceso exhaustivo de información y consultas que, en el caso de las organizaciones sindicales está más que justificado dado que el IRPF (principal impuesto afectado por las medidas conocidas hoy) es soportado en sus tres cuartas partes por los trabajadores asalariados.