16 de enero de 2006
MENOS PRODUCCIÓN + VENTAS = PEORES PRECIOS, ES UNA ECUACIÓN ABSURDA.
UPA-PV CONSIDERA QUE ES INCUESTIONABLE LA NECESIDAD DE ADECUAR LAS ACTUALES ESTRUCTURALES COMERCIALES.
UPA-PV, saturada de la inacción de la Conselleria de Agricultura, considera que ha llegado el momento de presentar a la sociedad en general que existen medidas para conocer y resolver las diferencias abismales entre los precios que perciben los agricultores y ganaderos y los que pagan en destino los consumidores, que están llevando, por una parte, a una situación límite al campo valenciano, y, por otra al supuesto enriquecimiento de la cadena de distribución con los productos del campo.
UPA considera que cualquier acción es mejor que la inacción, que la dejación o que el lanzamiento de balones fuera alegando que son responsabilidades de otros, y que existen medidas para el mantenimiento y crecimiento del campo valenciano que se han ofrecido y no se han puesto en marcha. La situación, con el tiempo, no hace más que agravarse, ya que en la primera semana del año se ha dado una auténtica ruina del valor de la producción de clementinas en manos del agricultor, pagar a cinco céntimos de euro significa no obtener beneficios y tener pérdidas muy importantes sobre los costes reales de producción. Estos extremos de precios sólo los conoce el agricultor, que en un momento determinado se ve con la cosecha en las manos y con la necesidad de que “le cojan la cosecha sea como sea”, acción que realiza a precios inferiores al coste de producción y tres cuartas partes por debajo de los precios que figuran en la información de precios de origen de Mercasa.
Todo esto que señalamos está enmarcado en unas circunstancias absurdas. Nos encontramos, por ejemplo, en una campaña de cítricos con una producción muy inferior a la del año anterior, que debería ser decisivo para determinar los precios; por lógica debería producirse esta ecuación: menos producción más ventas, igual a mejores precios, sin embargo, nos encontramos con que uno de los términos de la ecuación tiene sentido contrario, ya que se introducen otros factores que son los que cuentan de verdad, aumentan las importaciones de cítricos para presionar a la baja en los precios de origen y en la segunda parte de la ecuación aparece peores precios.
Además, cualquier agricultor o consumidor puede observar irregularidades en el etiquetado de los productos; por seguir con los cítricos podemos citar casos de juzgado de guardia, que los especialistas de economía rural de los medios de comunicación conocen, con etiquetados de Cat I se vende mercancía de Destrio, con pequeño calibre, manchas en la piel… que normalmente se destinan a la industria.
Las circunstancias reseñadas implican que no se están coordinando las importaciones, que no se está controlando la calidad del producto, que se está intentando comprar productos al agricultor a precios muy baratos para luego vender la calidad regular a precios muy altos y la calidad superior a precios astronómicos… Mientras tanto, todo esto sólo nos conduce que la agricultura valenciana se está sentenciando a la desaparición sin avisar ni planificar recursos alternativos.
Entre las medidas que podrían tomarse para solventar esta problemática, la UPA-PV resalta, aunque no rechaza cualquier otra, algunas que ha manifestado reiteradamente y otras nuevas:
Creación de un Observatorio de Precios. Esta medida no sería válida ni operativa si sólo va a controlar precios de origen y destino. Tendría que seguir los procesos de cómo se conforman los precios en cada uno de los pasos de la cadena de distribución, determinar los costos, para que cada uno de los incrementos sea racional y no creado por el capricho o el interés de uno de los escalones. Además, debería emerger criterios y ser vinculante.
Una normativa que obligue al doble etiquetado. Medida necesaria y urgente, dada la tendencia a etiquetados de peso aproximado con deficiencias de datos concretos. Este doble etiquetado se referirá a productos no transformados, deberá incluir el lugar de producción, calidad, precio percibido por el agricultor y además será de uso permanente y no condicionado a crisis determinadas de distintos sectores
Una revisión de la Ley de Comercio, que delimite los márgenes abusivos o una ley de márgenes comerciales.
Desarrollo de experiencias entre productores y distribución, como la de Almería, que puede ser otro cauce para garantizar unos precios mínimos a los agricultores. Para ello, se debería conformar una Comisión entre agricultores y cadena de distribución para establecer semanalmente unos precios mínimos. Avanzar en otras medidas, como normalización de los mercados en origen, establecimiento de un sistema de regulación de la oferta para situaciones de crisis y constitución de una organización interprofesional valenciana. Medidas que para ser efectivas deberían contar con la mediación y apoyo de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana.
Inspecciones adecuadas. Junto a estas medidas hay otras, como impedir, con una inspección adecuada, que se ofrezcan productos en malas condiciones o que se realicen actos de engaño, ya que se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, en grandes o pequeñas superficies, o la omisión de las verdaderas; ya que como consecuencia, estas prácticas son susceptibles de inducir a error al consumidor y de tirar, hacia abajo, del telón de los precios en origen. Todo esto implica, más todavía, la necesidad de un control por parte de la Administración de los productos foráneos y propios, de las ventas en España y en la UE, de las condiciones fitosanitarias, de la calidad y de la veracidad y la transparencia de su trazabilidad
Aunque estamos acostumbrados a creer que para la intervención pública existe un único gobierno, hay que reconocer que en el sistema español existen varios gobiernos (central, comunitario, local) que intervienen en los asuntos económicos en mayor o menor medida, pero está claro que tienen atribuciones, transferencias y funciones. Por ello, UPA-PV insta al Conseller de Agricultura, ya que por proximidad, subsidiariedad y transferencias le compete, a que ofrezca soluciones al campo valenciano, para alcanzar una viabilidad económica de las explotaciones agropecuarias, a través de unos precios mínimos garantizados. Todo es interesante si existe voluntad política y presupuesto suficiente, pues lo importante no es aprobar planes, sino ejecutarlos y que tengan resultados eficaces para los agricultores y ganaderos. Creemos que si entre las soluciones que aportamos no encuentra alguna que pueda asumir dentro de sus obligaciones y competencias, es que su Conselleria ha llegado a la lisis total y debería empezar a pensar en la necesidad de su nombramiento y permanencia.