Madrid, 21 de diciembre de 2005
La restitución del patrimonio expoliado a UGT es un acto democrático y constitucional
UGT insiste en que la restitución del patrimonio expoliado a UGT es un acto democrático y constitucional y resalta la soprendente coincidencia de los mensajes de la Dirección de Comisiones Obreras (CCOO) y del Partido Popular (PP) en su denodado intento por impedir que se cumpla una resolución parlamentaria. Ahora se intenta distorsionar las funciones del Defensor del Pueblo para que ampare su recurso de inconstitucionalidad, pero olvidan que su obligación es garantizar el Estado de Derecho y amparar al agredido, en este caso UGT. Es soprendente también el hecho de que la Dirección de esta organización sindical considere contrario a la igualdad y libertad sindical una norma que sólo busca restituir aquello de lo que fueron privados por la Dictadura las Organizaciones Sindicales. Quienes atacan su devolución, de forma velada, justifican dichas incautaciones.
El Decreto-Ley 3/2005, recientemente aprobado por el Parlamento para resolver la grave injusticia que padeció UGT con el expolio de todos sus bienes y derechos, está siendo atacado de forma conjunta por la dirección de CCOO y el Partido Popular. UGT resalta la ""soprendente"" coincidencia de las declaraciones realizadas por el máximo responsable de CCOO, José María Fidalgo, y por el portavoz Parlamentario del PP, Vicente Martínez Pujalte, en sendas ruedas de prensa convocadas el mismo día en las que arremeten contra UGT y agreden la memoria histórica de los Demócratas Españoles.
Los oscuros motivos de este virulento ataque se intentan justificar en la no urgencia del Decreto-Ley y en la inadecuación Constitucional del mismo. Para ello, en un intento de distorsionar las funciones y cometidos del Defensor del Pueblo, pretenden que ampare su tentativa de Recurso de Inconstitucionalidad. Olvidan que la función del Defensor del Pueblo es la de garantizar el Estado de Derecho y, en consecuencia amparar al agredido, que no es otro que la propia UGT, que fue la que se vio privada de su libertad y de su patrimonio por los atropellos cometidos por el Régimen de Franco. Por ello, en justicia, lo que habría que solicitar al Defensor del Pueblo es que requiera su pronta y completa restitución, y no que perpetúe y consolide la injusticia. Sorprende que los demócratas consideren inconstitucional una norma que sólo pretende devolver parte de la libertad expoliada a la organizaciones víctimas de la Guerra Civil.
Evidentemente los que defienden que 70 años son poca espera, no encontrarán nunca el momento adecuado para efectuar la necesaria y justa restitución. ¿Cuántos años, décadas hay que seguir esperando? Es evidente que el verdadero objetivo de la dirección de CCOO y del PP es perpetuar la injusticia, que será mayor cuanto más se dilate en el tiempo. La urgencia de la medida está justificada en la necesidad de otorgar seguridad jurídica y no seguir incrementando, por el alargamiento de los plazos, el impacto sobre el gasto público que genera la restitución.
Se ataca la Constitucionalidad del Decreto-Ley sin reconocer que lo verdaderamente ilegal fue la propia incautación y no el proceso de reintegración. Con ello se hace un flaco favor al sindicalismo, a la Constitución y a la propia democracia. Lo que sí fue contrario a la Constitución Democrática de la República fue el expolio que el Gobierno de Franco realizó de todos los bienes de la organizaciones sociales y sindicales, en especial de UGT.
Quién ataca la devolución a UGT de su Patrimonio Histórico, cerrando los ojos a la memoria histórica de nuestro país, de forma velada está justificando las incautaciones y a quién las realizó. Es tanto como reconocer la legalidad de las actuaciones del Régimen Franquista. En todo caso sorprende que se plantee la inconstitucionalidad de una norma, avalada por nuestro Parlamento, que pretende dar respuesta, aunque sea parcial, a la reivindicación de los demócratas de recuperar nuestra memoria histórica.
Sorprende también el que la dirección de CCOO pueda considerar contraria a la igualdad y libertad sindical una norma que sólo busca restituir la libertad sindical de la que fueron privados por la Dictadura las Organizaciones Sindicales.
En definitiva, la devolución de los bienes que fueron expoliados a UGT y al resto de las organizaciones sindicales, nunca puede considerarse como un acto que vulnere la Constitución, sino que por el contrario, es una exigencia de La Constitución, que todos los españoles aprobamos en 1978, y de la indispensable recuperación de la concordia democrática en nuestro país.