20 de noviembre de 2006
La Federación de Servicios de UGT-PV (FeS-UGT-PV), va a reclamar en la negociación del Convenio Colectivo Estatal de Cajas de Ahorro, que afecta a cerca de 120.000 trabajadores y trabajadoras en toda España y a más de 11.000 en la Comunidad Valenciana, que para alcanzar las 35 horas semanales se suprima el trabajo en las tardes de los jueves, como ya lo hacen las cajas andaluzas y Sa Nostra. El sindicato también pedirá que se produzca un incremento de la participación de los trabajadores en los beneficios, mediante una paga más, sobre todo teniendo en cuenta que, entre enero y septiembre, estas entidades financieras han obtenido unos beneficios de 6.234 millones de euros, lo que supone un aumento del 33% sobre el mismo periodo del año anterior.
De esta manera, los trabajadores, que según las Cajas son “el principal activo de estas entidades”, tendrían un reconocimiento real a su contribución a estos resultados, lo que supondría romper la política actual de ahorrar en costes de personal, tanto en salarios como beneficios sociales o inversión en formación y salud, mientras suben las retribuciones de los equipos directivos, como se desprende de los datos que facilitan estas entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, del incremento de la participación en los beneficios se va a proponer la eliminación del nivel salarial más bajo de la escala, ya que con el perfil y la cualificación exigida para ingresar en las Cajas de Ahorro no se puede ser “mileurista”.
Otro aspecto importante de la negociación colectiva es la conciliación de la vida laboral y familiar. En este sentido FeS-UGT-PV reivindica 4 semanas de permiso parental, planes de igualdad, más permisos por motivos familiares y reducción de jornada retribuida, entre otros, ya que entendemos que sin medidas de conciliación no es posible la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres.
En materia de salud laboral, estimamos conveniente la creación de la un comisión sectorial de seguridad y salud laboral, que se suprima el servicio mancomunado de prevención y que se considere el atraco como riesgo laboral, estableciendo unos protocolos consensuados para que estudien la ansiedad y otras lesiones de carácter físico o psicológico que pudieran derivarse.